Un informe reservado de Contraloría habría comprobado que hubo una llamada desde el Ministerio de Salud al Hospital del Salvador por la atención de la mamá de la entonces ministra Ximena Aguilera.

La polémica estalló en diciembre de 2025 cuando se supo de una supuesta atención “preferente” a la madre de la secretaria de Estado en la urgencia de aquel recinto de salud, por una fractura de cadera.

La autoridad tuvo que salir a dar una conferencia de prensa, a inicios de enero, donde descartó de plano alguna injerencia en la forma en que el personal atendió a su progenitora, de 87 años.

Ahora, BioBioChile accedió a un informe de Contraloría que habría comprobado que sí existió una llamada del jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera De Ferrari, para avisar al hospital sobre la llegada de la adulta mayor.

En la indagatoria del ente contralor se realizó una cronología de las comunicaciones de aquel día y se indicó que no había antecedentes para que se otorgara una “atención preferente” a aquella paciente.

En el detalle, fue a las 10:00 de la mañana de ese día cuando Manuel Nájera se comunicó por distintos medios con el director del Hospital, la directora subrogante y el jefe de la Unidad de Emergencia, para informarles de la llegada de la mamá de Aguilera y su condición de salud.

La paciente llegó a las 11:00 y, luego de distintos exámenes, fue ingresada a pabellón alrededor de las 21:00. Antes, según el informe, hubo movimientos en el listado de pacientes priorizados para cirugías pendientes y hasta la unidad llegaron tanto el asesor como la propia ministra.

Se agregó que la paciente fue atendida con un tiempo de espera mucho menor al habitual en aquel recinto de salud.

Hay sumario y UDI recurrirá a Fiscalía

En base al informe, Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades.

En tanto, desde la bancada de diputados de la UDI anunciaron que llevarán los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos.

“Lo que ha constatado la Contraloría es de la máxima gravedad y amerita que se establezcan todas las responsabilidades que correspondan, tanto políticas como administrativas o incluso penales”, manifestó el diputado Daniel Lilayú, el mismo que impulsó la indagatoria de Contraloría.

El parlamentario avisó: “Vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de un delito de tráfico de influencias”.

“Mientras la gran mayoría de los chilenos debe esperar horas o incluso varios días para ser atendidos,hay casos como este donde los contactos parecen pesar más que la urgencia médica“, agregó el congresista.