El caso “Operación Topógrafo” cerró uno de sus capítulos principales con la condena de dos figuras clave en la trama de espionaje ilegal que afectó a periodistas, denunciantes de corrupción y exfuncionarios del Ejército.

El procedimiento involucró al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, y al exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, quienes ahora fueron condenados por hechos ocurridos entre 2016 y 2018.

A grandes rasgos, la investigación de la Fiscalía estableció que la Dirección de Inteligencia del Ejército realizó interceptaciones telefónicas que no cumplían con los requisitos fijados por la Ley de Inteligencia.

Además, esas escuchas no apuntaban a amenazas contra la seguridad nacional, terrorismo, narcotráfico ni crimen organizado, pues el foco estuvo puesto en personas vinculadas a denuncias e investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del Ejército.

Entre los afectados aparece el periodista Mauricio Weibel, autor de diversas publicaciones sobre casos de corrupción en la institución castrense. También fue víctima el excapitán Rafael Harvey, quien había denunciado irregularidades al interior del Ejército.

La causa acreditó que las autorizaciones judiciales fueron obtenidas mediante resoluciones y oficios que contenían información falsa.

De esa forma se permitió el uso de herramientas intrusivas contra personas que no correspondían a los objetivos legales de ese tipo de medidas.

El caso fue resuelto a través de un procedimiento abreviado, lo que derivó en penas de cinco años de libertad vigilada intensiva para Poblete y Nazal.

La fiscal Ximena Chong destacó el fallo y sostuvo que este permitió establecer “hechos graves para la institucionalidad”, que torcieron el uso de medidas que fueron diseñadas para enfrentar el crimen organizado.