Contraloría General de la República finalmente entregó su resolución final sobre la polémica por los almuerzos que sirvió la Primera Dama, María Pía Adriasola, en el casino de La Moneda.

Fue el diputado Daniel Manouchehri (PS) quien elevó un reclamo al ver que la esposa del Presidente José Antonio Kast se puso a servir almuerzos al día siguiente de llegar a Palacio.

Exigió al ente contralor determinar si había alguna falta sanitaria o de reglamento, pues Adriasola no utilizó guantes ni otros implementos. “La Moneda no es un fundo”, decía el congresista.

A más de dos meses del hecho, el organismo encabezado por Dorothy Pérez descartó cualquier irregularidad en la acción de la Primera Dama.

El dictamen determinó que, “del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”.

Contraloría tuvo a la vista un informe de la administración de Presidencia donde aseguraron que Adriasola solo intrervino “en la fase final del servicio, sin contacto con las fases críticas del proceso productivo, ni con labores de manipulación (...)”.

También entregó su respuesta la autoridad sanitaria, que descartó incumplimientos al evaluar lo ocurrido “con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad”.

El recado de Contraloría sobre prioridades

En su resolución, la entidad fiscalizadora incluyó un mensaje que podría interpretarse como un llamado de atención para diputados denunciantes y sus “prioridades”.

Describió que la ley obliga a Contraloría a investigar con preferencia las denuncias emanadas por acuerdos de la Cámara de Diputados, pero también tienen toda la disposición de atender las presentaciones que hagan parlamentarios de manera individual.

Agregó que, sin embargo, “es útil hacer presente” que para cumplir sus funciones el organismo “requiere de significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales, los que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo (...)”.

“De modo que, por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social”, cerró el documento firmado por la contralora Pérez.