Fue el pasado 11 de noviembre cuando la empresaria Lilian Tumani creyó ganar una millonaria suma en el Salón Open del Casino de Viña del Mar.

La evidencia estaba a la vista: la máquina tragamonedas en la que participaba marcó un premio extraordinario de $3.816.219.496.

Sin embargo, a la fecha, no ha podido cobrar el dinero: el casino aduce error.

Asesorada por el abogado Hugo Botto, Lilian inició una ofensiva legal para hacer valer su suerte. De hecho, recientemente, presentó una demanda.

Detalles de la acción judicial

Según reveló Pulso, exige una indemnización de perjuicios por $4.670 millones, lo que la convierte en la mayor demanda interpuesta por un consumidor contra un casino concesionado en la historia del país.

La demanda se dirige de forma conjunta en contra de Casino del Mar S.A. (la sociedad operadora del recinto), Casinos de Chile SpA (su sociedad controladora) y la matriz Enjoy S.A., apuntando a todas ellas para asegurar la responsabilidad civil y evitar un eventual “vaciamiento patrimonial del negocio”.

Lo anterior, debido a que, según la demanda, en febrero de 2025 Casino del Mar S.A. solicitó la renuncia anticipada a su permiso de operación ante la Superintendencia de Casinos de Juego, logrando que este expire de forma definitiva el 13 de septiembre de 2028. Al extinguirse la concesión, que es el activo principal y la fuente de ingresos de la operadora, las sociedades controladoras (Casinos de Chile SpA y Enjoy S.A.) podrían disolver o vaciar el patrimonio de la sociedad para eludir el pago de la millonaria indemnización.

¿Por qué tanta plata?

La indemnización de $4.670 millones se desglosa así: en primer lugar, se exige un daño patrimonial de $3.920 millones, que corresponde al valor nominal del premio original de $3.816 millones más los reajustes acumulados según la variación del IPC calculados hasta julio de 2026, equivalentes a un 2,72% y a más de $103,8 millones adicionales, a lo que se suman los intereses legales y futuros reajustes hasta el pago efectivo.

Al mismo tiempo, la demanda reclamó $750 millones por daño moral.

En la acción judicial, la empresaria también solicitó al Juzgado de Policía Local la aplicación del máximo legal contemplado en la ley de consumo, fijando una multa de 300 UTM en contra de las sociedades infractoras.