Francisco San Martín Álvarez está en el ojo del huracán. El empresario de Coquimbo, que quiso ser candidato a alcalde por el Partido Republicano, es acusado de encabezar una red de robo y blanqueo de cientos de toneladas de cobre.

Según un reportaje de Radio Biobío, un testigo clave aseguró que el único comprador de cobre robado en la zona norte era San Martín.

A grandes rasgos, la fiscalía sostiene que el empresario operó durante más de una década, usando testaferros y facturas falsas para legitimar el metal robado.

Las pesquisas además apuntan a exportaciones hacia India y Europa, con un perjuicio fiscal que, solo por delitos tributarios, supera los $1.500 millones.

Una denuncia anónima inició su caída

En octubre de 2022, Carabineros detuvo al empresario en flagrancia tras una denuncia anónima, hallando 661 cátodos de cobre en su chatarrería ubicada en Coquimbo.

El cargamento coincidía con el robo de 62 toneladas que afectó a la compañía FCAB, propiedad del grupo Luksic, y que había sido extraído por Codelco y otras mineras.

Aunque no fue formalizado entonces, un año después la causa se reactivó por la declaración de un informante protegido.

Ese testigo reveló que San Martín almacenaba más de 200 toneladas de cobre y obtenía ganancias mensuales sobre $130 millones.

También relató que la baja del precio del metal lo llevó a acopiar cable robado, esperando mejores valores de venta.

Dicha situación se daba en un contexto en donde la región de Coquimbo lidera el robo de cables eléctricos, con más de 59 mil metros sustraídos en el primer semestre de 2024.

Cómo era el negocio de San Martín

De acuerdo al reportaje, las interceptaciones telefónicas posteriores permitieron perfilar la estructura de la organización.

En la cúpula figuraban San Martín, Rogerio Pereira Da Silva y José Lizama Valdés, coordinando la compra, el procesamiento y la posterior exportación.

El cobre se acopiaba primero en Calama, donde operaban transportistas y un grupo de ciudadanos peruanos.

Para dar apariencia legal, se emitían facturas a nombre de palos blancos que luego negaban vínculos con él.

Varios de estos “proveedores” declararon que solo cobraban cheques y entregaban el dinero, sin vender cobre.

Parte del material se exportaba como lingotes, pero Aduanas detectó irregularidades en una carga a Bélgica en junio de 2024.

Los lingotes presentaban suciedad y daños, y San Martín no acreditó su trazabilidad, usando documentos adulterados.

Paralelamente, el empresario traspasó 14 inmuebles y vehículos a una sociedad sin actividad, acumulando cerca de $1.000 millones en activos.

En ese contexto, la defensa niega que San Martín fuera líder, admitiendo que intermedió en la venta de material robado, pero sin jerarquía en la red.

Por su parte, el Partido Republicano asegura que lo expulsó cinco días después de conocer su vinculación con la causa en abril de 2024.

En tanto, el candidato presidencial José Antonio Kast fue citado por una comisión investigadora y afirmó no conocerlo, recalcando que el partido se distancia de cualquier militante involucrado en delitos.