Tal como adelantaban los cálculos políticos, finalmente la derecha dio los votos suficientes para aprobar la Acusación Constitucional y destituir de su cargo al reconocido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

El juez Muñoz cumpliría en 2025 nada menos que 20 años como ministro del máximo tribunal del país y más de cuatro décadas de servicio en el Poder Judicial. Su nombre estuvo vinculado a emblemáticas causas de derechos humanos, las platas de Augusto Pinochet y fallos contra las Isapres, por lo que no pocos acusan un trasfondo político en su enjuiciamiento.

Por 27 votos a favor, el Senado aprobó el primer capítulo de la acusación constitucional contra Muñoz, lo que fue suficiente para sellar su culpabilidad en el juicio político. De esa manera, queda removido de la Suprema e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

¿Por qué fue destituido el ministro Sergio Muñoz?

La Acusación Constitucional estuvo rodeada de fuerte polémica, pues en ella la oposición incluyó también los cuestionamientos a la recientemente removida ministra Ángela Vivanco. Desde el oficialismo acusaron que se sometía a votación un solo libelo por dos situaciones diferentes y que había una intención de “empate” desde la derecha, a raíz del Caso Audio.

La acusación dividía la acusación contra Muñoz en dos capítulos. El primero, que fue el que determinó su caída, señalaba que el magistrado habría facilitado a su hija, Graciel Muñoz, titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, una información privilegiada que le ayudaría a decidir sobre la compra de departamentos.

Se trataba de un proyecto de la Inmobiliaria Fundamenta que dependía de un fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal, la cual estaba integrada por Muñoz. Lo acusaron de infringir su imparcialidad “al conocer de una causa en la que existe un interés patrimonial de su hija de manera evidente, y además, en la fe pública y probidad quebrantada al comunicarse con su hija sobre el contenido de un asunto, cuyo contenido aún no era público”, se leía en el libelo.

El segundo capítulo le imputaba no haber notificado que su hija estaba realizando teletrabajo desde Italia durante la pandemia, infirngiendo una norma del Poder Judicial que obliga a los magistrados a cumplir su trabajo dentro de la jurisdicción de su competencia.

Al margen de aquellos cuestionamientos, desde la izquierda advirtieron que “la destitución de Muñoz fue una vendetta por sus fallos en DDHH, contra las isapres y temas medioambientales”, como dijo el senador Fidel Espinoza (PS).

Para la diputada Carmen Hertz (PC), lo ocurrido con Muñoz “es una de las mayores infamias que se han cometido en las últimas décadas”.