La Contraloría cuestionó la actuación de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert en su solicitud a la Policía de Investigaciones (PDI) de antecedentes de detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando aún era la fiscal regional de Tarapacá.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, señaló el organismo que encabeza Dorothy Pérez.

Cabe recordar que, el pasado 1 de abril, la Contraloría General de la República dio un plazo de diez días a la entonces ministra de Seguridad y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que entregaran antecedentes sobre el oficio reservado que la exfiscal envió a la institución policial en marzo, justo antes del llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.

“No se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias”, sostuvo la entidad fiscalizadora al analizar los antecedentes por un requerimiento del diputado Raúl Leiva.

¿Qué concluyó la Contraloría?

En su dictamen, el ente fiscalizador habla de un precipitado oficio, y plantea que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”.

En el caso por el que pidió información la exministra, cuatro detectives fueron sacados del equipo a cargo de la indagatoria y trasladados hasta otras regiones. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.