Una investigación iniciada a partir de observaciones de la Contraloría General de la República abrió una nueva controversia sobre el funcionamiento del sistema de reunificación familiar en Chile.

El organismo detectó una serie de anomalías relacionadas con el ingreso de ciudadanos haitianos, especialmente menores de edad, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar diligencias para determinar si existieron infracciones a la ley o incluso delitos más graves.

De acuerdo a una investigación de T13, el análisis del ente fiscalizador revisó ingresos realizados durante 2024 y 2025 y encontró un patrón que llamó la atención de los investigadores: un reducido grupo de adultos acompañó a centenares de niños haitianos en vuelos chárter que hoy son objeto de revisión.

De acuerdo con los antecedentes, doce personas aparecen vinculadas al ingreso de 486 menores al país.

Esa situación generó dudas no solo por el volumen de niños asociados a tan pocos acompañantes, sino también por las dificultades posteriores para seguir su rastro.

En esa línea, las verificaciones realizadas por organismos públicos revelaron que decenas de menores registrados bajo el mecanismo de reunificación familiar no pudieron ser localizados en las direcciones informadas.

Las inspecciones dejaron escenarios dispares. En algunas viviendas, quienes residían allí aseguraron no conocer a las familias buscadas. En otras, vecinos afirmaron que las personas se habían mudado tiempo atrás.

El resultado fue que al menos 64 niños, niñas y adolescentes permanecen sin una ubicación confirmada por las autoridades.

Fallas de control y sospechas de irregularidades

Uno de los episodios examinados involucra a un ciudadano haitiano que ingresó a Chile en abril de 2025 acompañado por 34 menores de edad. Posteriormente volvió a entrar al país con otros dos niños.

Los registros revisados por Contraloría no permitieron establecer con claridad qué ocurrió después con ese grupo ni cuál es la situación actual de las personas involucradas.

Las observaciones del organismo también apuntan a problemas de coordinación entre las instituciones encargadas del proceso.

Según el preinforme, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Migraciones y Mejor Niñez no contaban con mecanismos suficientemente eficaces para compartir información y monitorear la situación de los menores una vez autorizada su entrada al país.

Consideren que entre enero y agosto de 2024, alrededor de 2.700 ciudadanos haitianos ingresaron a Chile mediante reunificación familiar.

Cerca de la mitad lo hizo a través de vuelos chárter considerados irregulares por Contraloría y varios cientos correspondían a menores de edad.

A ello se suma una denuncia que involucra a una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración anterior.

El preinforme menciona antecedentes sobre presuntas asesorías entregadas a ciudadanos haitianos a cambio de pagos, una situación que ahora deberá ser esclarecida tanto en el ámbito administrativo como judicial. Todo esto mientras se desconoce el paradero de los menores.