La Contraloría Regional del Biobío detectó una serie de irregularidades en la Universidad del Biobío relacionadas con la recuperación de más de $4.200 millones en recursos públicos entregados entre 2017 y 2024 para financiar programas de perfeccionamiento académico.

Según el informe, la casa de estudios no acreditó la recuperación efectiva de esos fondos luego de que algunos académicos beneficiados incumplieran las obligaciones asociadas a las becas.

Además, identificó debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de los procesos de cobro.

Del total observado, $2.019 millones comenzaron a ser cobrados recién después de que la Contraloría emitiera su preinforme, sin que hasta ahora se haya acreditado su reintegro. A ello se suman otros $2.192 millones, respecto de los cuales la universidad inició acciones judiciales, pero tampoco demostró haber recuperado los recursos.

El organismo también advirtió que $308,5 millones no fueron cobrados oportunamente, ya que las acciones judiciales prescribieron, comprometiendo la posibilidad de recuperar ese dinero.

La auditoría detectó además un importante desorden administrativo y contable. Entre otras observaciones, la universidad no tenía registrados en su contabilidad más de $1.452 millones correspondientes a deudas ya decretadas por ceses de patrocinio, además de otros $88,5 millones asociados a procesos que aún no habían sido formalizados.

Otro de los hallazgos fue la excesiva demora para dictar los decretos que formalizan el cese de patrocinio institucional. En algunos casos, transcurrieron más de diez años entre la decisión adoptada por el comité correspondiente y la emisión del acto administrativo, retrasando el inicio de los cobros.

La Contraloría también constató falencias en el control de los pagarés asociados a estos programas, debido a la inexistencia de un registro consolidado que permitiera su adecuado seguimiento.

Como consecuencia de los antecedentes, el organismo anunció que formulará un reparo por la eventual responsabilidad civil de funcionarios que no ejercieron oportunamente las acciones de cobro e instruyó a la Universidad del Biobío iniciar un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades.

Además, la casa de estudios deberá reforzar sus mecanismos de control y seguimiento tanto de los programas de perfeccionamiento como de la recuperación de recursos públicos, con el objetivo de evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.