Por Paulo QuinterosContraloría detecta millonarias irregularidades en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué en recursos por megaincendio
Cinco auditorías revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes y graves falencias de control en fondos usados tras la emergencia de febrero de 2024.

La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que alertan sobre serias deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a enfrentar el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.
Según informaron, los reportes de la Contraloría Regional de Valparaíso involucran a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y a la Dirección Regional de Arquitectura, con observaciones que incluyen pagos sin respaldo, sobreprecios y fallas de control interno.
En el caso de la Delegación Presidencial Regional, un informe detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en compras realizadas durante la emergencia.
La auditoría también advirtió posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Por su parte, un informe final detectó pagos indebidos por más de $434 millones por demoliciones no ejecutadas o solo parcialmente realizadas relacionadas a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso.
Respecto de la Municipalidad de Quilpué, otro informe constató gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados para los damnificados.
Además, se detectaron falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos, lo que motivó la instrucción de procedimientos disciplinarios y la adopción de medidas correctivas.
En la Municipalidad de Viña del Mar, un informe evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas entregadas entre febrero de 2024 y abril de 2025.
La Contraloría observó problemas de rendición, falta de trazabilidad en los beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas, ordenando un sumario administrativo y la regularización de los procesos.
A ello se suman sobreprecios y pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con deficiencias en adjudicaciones y respaldos.
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