Un total de $109 millones desembolsaron las municipalidades de Nancagua y Doñihue por la adquisición de terrenos que finalmente no fueron incorporados a sus respectivos patrimonios. Así lo establecieron dos investigaciones realizadas por la Contraloría Regional de O’Higgins.

El organismo fiscalizador decidió formular reparos por la totalidad de los recursos involucrados, mecanismo que corresponde a una demanda en juicio de cuentas y que, en este caso, busca obtener la restitución de los montos pagados. Además, ambos municipios deberán iniciar sumarios para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

Los antecedentes también serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que esas instituciones adopten las medidas que estimen pertinentes. Las irregularidades detectadas, sin embargo, presentan características diferentes en cada una de las operaciones investigadas.

En Nancagua, la Contraloría constató que el municipio celebró un contrato de compraventa por $49 millones para adquirir un inmueble. La operación fue realizada sin contar con la aprobación del Concejo Municipal, un decreto alcaldicio ni un acto administrativo que ratificara la suscripción del contrato.

A esos problemas se sumó uno fundamental: el terreno no fue inscrito a nombre de la Municipalidad de Nancagua en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. De esta forma, pese al desembolso de los $49 millones, el inmueble no pasó a formar parte del patrimonio municipal.

Según estableció la CGR, esta situación también transgrede el deber de resguardo que corresponde al alcalde en su calidad de jefe superior del servicio.

El segundo caso fue detectado en Doñihue, donde la municipalidad desembolsó $60 millones por la supuesta adquisición de otro inmueble. Al igual que en Nancagua, el bien raíz tampoco fue inscrito a nombre de la casa edilicia y no se acreditó su incorporación al patrimonio municipal.

La investigación en Doñihue detectó además otras falencias en el proceso. De acuerdo con un informe de investigación especial, no existió una tasación comercial, se omitió una licitación pública y tampoco se emitió un acto administrativo que aprobara la compraventa.

Contraloría estableció asimismo que la Municipalidad de Doñihue no cuenta con procedimientos específicos para la adquisición de bienes inmuebles. Considerando las observaciones detectadas en ambos municipios, la CGR buscará recuperar los $109 millones mediante los respectivos juicios de cuentas, mientras los sumarios deberán determinar las eventuales responsabilidades administrativas detrás de las operaciones.