La Contraloría General de la República (CGR) informó irregularidades en los municipios de Estación Central y Padre Hurtado, en la Región Metropolitana, tras fiscalizaciones a programas de seguridad. El organismo instruyó sumarios administrativos.

Los hallazgos incluyen cámaras de televigilancia inoperativas, botones de pánico sin uso y deficiencias en la coordinación con Carabineros, lo que impacta la capacidad de respuesta frente a delitos.

En Estación Central, un informe detectó problemas en la operatividad del sistema de vigilancia, pese a su concentración en zonas con mayor incidencia delictual durante 2024.

En esos sectores, de 40 cámaras instaladas, 19 no funcionaban a junio de ese año. En otras áreas críticas, 9 de 17 dispositivos también estaban fuera de servicio.

Además, un 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024 —y operativas hasta junio de 2025— presentaban fallas, algunas por más de un año, afectando la eficacia del sistema comunal.

El informe también cuestionó la gestión municipal en intervenciones urbanas. Aunque se registraron operativos contra comercio ambulante, no se acreditaron acciones en otros puntos denunciados ni el destino de productos incautados.

En el plano financiero, el municipio ejecutó solo el 18,4% de los $2.250 millones transferidos para el programa “Vigilancia Eje Alameda”, además de registrar retrasos en contrataciones y traspasos de recursos.

En Padre Hurtado, otro informe evidenció que botones de pánico permanecían almacenados, sin inventario ni responsables, pese a haber sido recibidos entre fines de 2024 e inicios de 2025.

La fiscalización también constató que postes inteligentes no transmitían imágenes en tiempo real y que el sistema de televigilancia presentaba fallas en certificaciones técnicas y autorizaciones.

A ello se suman deficiencias contractuales y un avance financiero de solo 25% en un proyecto de $3.088 millones, pese al retraso en su ejecución.

Finalmente, la CGR advirtió que el sistema lector de patentes no estaba integrado con la plataforma de Carabineros, obligando a procesos manuales que elevan el riesgo de errores.