La Contraloría General de la República solicitó información a Gendarmería de Chile luego de recibir una denuncia anónima contra Verónica Oporto González, madre de la diputada y senadora electa Camila Flores.

El requerimiento, ingresado el pasado 11 de febrero de 2025, apunta a un presunto uso irregular de licencias médicas.

Según la presentación, la funcionaria habría utilizado permisos médicos supuestamente falsos para trasladarse a Futrono.

La denuncia sostiene que estos antecedentes estarían en conocimiento de la institución penitenciaria, pero que no se habrían adoptado medidas. También sugiere que el vínculo familiar con la parlamentaria habría influido en la ausencia de acciones.

Según el portal FastCheck, Contraloría ofició formalmente a Gendarmería el pasado el 17 de febrero para que entregue antecedentes. La institución cuenta con cinco días hábiles para responder, plazo que puede ampliarse según la normativa vigente.

Tengan en cuenta que este caso se conoce días después de que el portal Contrapoder revelara que la diputada envió un oficio al seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos para consultar por la inscripción de una propiedad en Futrono a nombre de su madre.

Quién es Verónica Oporto

De acuerdo a los reportes, Verónica Oporto trabaja en Gendarmería desde que Flores estuvo vinculada en la Dirección Nacional del servicio.

Según su biografía oficial presentada en la Biblioteca del Congreso Nacional, Flores fue asesora y jefa de gabinete del entonces director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, entre 2012 y 2013, manteniéndose vinculada a la institución hasta 2014.

Registros públicos de Transparencia también muestran que Oporto González figuraba como administrativa grado 12, bajo modalidad a contrata y con enseñanza media completa, hasta agosto de 2018.

Sin embargo, se desconocen detalles sobre su rol actual, ya que la institución no publica actualmente la nómina completa de su personal a contrata.

En todo este escenario, la Contraloría deberá ahora evaluar los antecedentes que entregue Gendarmería para definir si corresponde iniciar otras acciones administrativas o eventuales procedimientos disciplinarios.