Por Erasmo TauranContraloría toma drástica decisión ante polémica publicación del Gobierno: no cumplió “estándares de moderación”
El organismo fiscalizador se pronunció por el uso del concepto “Estado en quiebra”.

La Contraloría General de la República se pronunció este miércoles ante la serie de publicaciones del Gobierno que aseguraban que en Chile hay un Estado “en quiebra” y que tuvieron que ser eliminadas. Ordenó iniciar un sumario.
En su análisis jurídico, la CGR indicó que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno, encabezado por la ministra Mara Sedini, puede informar a través de redes sociales y puede emplear “términos cotidianos” para una mejor comprensión, ello “debe ceñirse a una serie de principios” y a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.896.
Fue a finales de marzo cuando en las distintas cuentas oficiales del Gobierno comenzóa difundirse una gráfica que defendía el “bencinazo”, argumentado que el gobierno anterior dejó el Estado “en la quiebra”. El mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alertó públicamente que no era prudente usar ese concepto.
Las publicaciones fueron borradas, la oposición lo denunció ante Contraloría y trascendió que al interior de La Moneda el asesor clave del Presidente Kast, Cristián Valenzuela, se había atribuido la responsabilidad.

Contraloría instruyó proceso disciplinario
En su pronunciamiento, Contraloría señaló que el Ministerio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”.
Además, indicó que el ministerio reconoció que las expresiones empleadas “no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía”, y que por ese motivo el contenido fue retirado.
En ese escenario, Contraloría ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas, pero no fue todo: se instruyó iniciar un proceso disciplinario al interior de la Segegob.
Ese proceso deberá determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados y todo ello deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.
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