Un demoledor fallo entregó la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra del fiscal del Caso Procultura, Patricio Cooper, al declarar ilegal la intervención telefónica a Josefina Huneeus.

El tribunal acogió el recurso de amparo de la psiquiatra y ordenó eliminar toda la información obtenida de las escuchas a su celular, incluída una conversación con el Presidente Gabriel Boric que se filtró a la prensa.

Huneeus reclamaba que la Fiscalía pidió autorización para la intervención asegurando que se trataba de un número telefónico de Alberto Larraín, su exesposo y director de la Fundación Procultura, y que pese a enterarse que era ella la portadora del celular, el persecutor no detuvo las escuchas.

Fuerte crítica de la Corte al fiscal Cooper

En el fallo de la Corte antofagastina, los ministros Virginia Soublette, Jaime Rojas y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, se afirma de manera categórica que el fiscal no presentó argumentos para fundar sus sospechas y que hicieran imprescindible la interceptación.

Además, calificaron como “chocante” que los policías “fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina” y que sus justificaciones “subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República”.

Pero los jueces fueron más allá: compararon las escuchas con vulneraciones de derechos en la dictadura.

“No solo se ha infringido la obligación general de fundamentación (...) sino que se han validado actuaciones policiales, al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”, se lee en el fallo.

La acción judicial de Huneeus se originó luego que se filtrara a la prensa una conversación suya con el Presidente Boric sobre el caso Procultura.

Era primera vez que se conocía un diálogo privado del mandatario sobre estas investigaciones y por eso, el Frente Amplio reaccionó con indignación y emitió un polémico comunicado donde acusaron un “espionaje político”.