Como un “atentado a la democracia interna” fue calificado el proceso eleccionario del Partido de la Gente (PDG), luego de las controversias surgidas tras las votaciones realizadas el pasado 25 de abril.

El Tribunal Supremo de la colectividad resolvió declarar inválidas las elecciones internas, argumentando que el procedimiento no cumplió con los estándares mínimos de certeza jurídica, verificabilidad ni trazabilidad documental exigidos para este tipo de procesos.

La determinación obliga al partido a convocar nuevos comicios, esta vez bajo mecanismos reforzados de control, incorporando sistemas de conciliación entre los sufragios emitidos y las firmas registradas en el padrón electoral.

De acuerdo con lo informado por el organismo, durante la revisión se detectaron inconsistencias en distintas mesas del país, particularmente diferencias entre la cantidad de votos contabilizados en las actas de escrutinio y el número de militantes que figuraban firmando los registros correspondientes.

Mientras se desarrolla un nuevo proceso electoral, la actual directiva nacional continuará ejerciendo funciones de manera interina. De esta forma, Rodrigo Vattuone permanecerá en la presidencia del partido, mientras que el excandidato presidencial Franco Parisi seguirá ocupando la vicepresidencia.

La resolución provocó una inmediata reacción de la denominada Lista B, liderada por Patricio Quisbert, sector que —según los resultados preliminares— obtenía una amplia ventaja con 592 votos frente a los 78 sufragios alcanzados por la Lista A, vinculada al oficialismo interno.

Quisbert cuestionó la legitimidad del Tribunal Supremo, asegurando que dos de sus integrantes manifestaron votos disidentes en contra de la anulación del proceso, según consignó La Tercera.

Los reclamos en el PDG

En la misma línea, el diputado Fabián Ossandón, quien integraba la lista vencedora como candidato a vicepresidente, criticó la actuación del organismo técnico y acusó falta de prolijidad en la revisión. El parlamentario sostuvo que no se efectuó un análisis exhaustivo mesa por mesa y recordó que el proceso fue observado por el Servicio Electoral, por lo que —a su juicio— la invalidación resulta difícil de comprender.

Mediante un comunicado público, la Lista B rechazó la resolución adoptada por tres de los cinco miembros del tribunal, denunciando una “grave crisis de legitimidad jurídica”. En el documento, además, apuntaron a solicitudes de inhabilidad aún pendientes contra integrantes del organismo y cuestionaron que se impulse una nueva elección pese a que, aseguran, “la militancia ya había expresado su voluntad en las urnas”.

Finalmente, los dirigentes del bloque afectado anunciaron que recurrirán a todas las instancias legales disponibles con el objetivo de resguardar los resultados obtenidos el 25 de abril. Afirmaron que las normas internas deben aplicarse de manera equitativa y advirtieron que la institucionalidad del PDG no puede quedar sujeta a interpretaciones que respondan a “conveniencias políticas circunstanciales”.