Durante los últimos días ha retomado el vuelo mediático el caso de la denuncia de Cristián Campos, luego que se supiera del inminente sobreseimiento del actor y, más recientemente, la filtración de algunos testimonios clave en la investigación.

La acusación de Raffaella di Girolamo contra el intérprete y expadrastro fue investigada durante diez meses por el juez Edgardo Gutiérrez —no por un fiscal—, debido a que los supuestos delitos sexuales, de haber ocurrido, habría sido previo al 2005, que es el año de la Reforma Procesal Penal.

En el sistema previo, que es el rige en este caso, “es el juez quien ordena a las policías realizar diligencias destinadas a reconstruir hechos generalmente antiguos, como visitas al sitio del suceso y toma de declaraciones a testigos”, explica el abogado penalista Nelson Salas a La Cuarta.

“Además, suele disponer informes psicológicos o psiquiátricos para determinar si la denunciante presenta daños emocionales o trastornos que puedan afectar su percepción de los hechos”, agrega.

Sobre el cierre de la investigación informado en los últimos días, Salas dice sobre este hito: “Significa que el juez, tras recibir los resultados de todas las diligencias investigativas ordenadas, se encuentra en condiciones de dictar una sentencia que ponga fin al proceso”.

Los futuros posibles del caso

Hay tres posibles fallos que podría dictar el juez, el profesional pronosticó que, en su mayoría, “el juez decreta el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, ya que han transcurrido demasiados años desde los hechos denunciados”.

Sin embargo, hay otros dos desenlaces factibles: dado que se efectuó una investigación, según el abogado, podría emitirse una “sentencia declarativa”, la cual podría acreditar o descartar los hechos denunciados.

Aunque la prescripción de los hechos denunciados (lo que cambió con la ley del 2019) impide una condena penal, “una sentencia que declare acreditados los hechos puede ser utilizada por la víctima para presentar una demanda civil contra el autor, buscando una indemnización por el daño causado”, explica Salas.

Así, sobre las razones para haber presentado esta denuncia, Salas plantea que serían de “reparación moral” y/o “económica”.

En caso de que se acreditara el delito y se efectuara una demanda civil, los montos de estas indemnizaciones “pueden oscilar entre $70 y 300 millones, dependiendo de las circunstancias del caso”, dice.

Y en cuanto al escenario de que Campos sea declarado inocente, él podría interponer una denuncia por calumnia o demandar por vía civil a la denunciante “para obtener una compensación económica por los daños reputacionales sufridos”, remata.