Con nuevas atribuciones para la Policía de Investigaciones (PDI), plazos más acotados para reclamar y mayores restricciones para volver a Chile, el proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular enfrenta su última etapa de tramitación en el Congreso.

Ayer lunes, por 128 votos a favor y 11 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias entre ambas corporaciones, requiriendo 78 votos para su aprobación.

El proyecto, ingresado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y reformulado mediante indicaciones de la administración de José Antonio Kast, busca facilitar la ejecución de las órdenes de expulsión que ya se encuentran firmes.

Su aprobación permitiría al Ejecutivo sumar otra iniciativa a la agenda legislativa de seguridad que ha impulsado desde el inicio de su mandato.

La intervención del Dr. File

Fue en medio de esta votación que el diputado Cristián Contreras (PDG), más conocido como el Dr. File, hizo una larga reflexión.

“Por segunda vez, en menos de un mes, se plantea un problema concreto de nuestro sistema migratorio: la dificultad para ejecutar órdenes de expulsión que ya han sido dictadas por la justicia. No basta que el Estado pueda determinar la expulsión si después no cuenta con los mecanismos necesarios para hacerla efectiva”, apuntó el parlamentario en el inicio de su intervención.

“Una ley que no puede aplicarse termina debilitando la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Aquí sí se necesita una puerta giratoria. Si una persona entra de manera ilegal o irregular a Chile, que se retire lo antes posible por la misma puerta”, complementó.

En la misma línea, sostuvo que “este proyecto aborda medidas importantes. Primero, facilitar la ejecución de una expulsión para que una persona expulsada no vuelva a ingresar a Chile irregularmente evitando la duplicación innecesaria de procedimientos; segundo, establecer herramientas que permiten a las policías cumplir con sus funciones con autorización judicial y pleno respeto a las garantías constitucionales; y tercero, revisar los mecanismos procesales para evitar dilación injustificada sin restringir el legítimo derecho a la defensa”.

“La seguridad de nuestras fronteras, el respeto a la ley y los derechos fundamentales no deben entenderse como objetivos incompatibles. El Estado eficaz necesita actuar con firmeza, pero también con reglas claras y controles adecuados”, añadió.

Finalmente, Contreras indicó que “como representante del centro político considero fundamental que nuestras decisiones legislativas respondan a problemas reales con soluciones aplicables y respetuosas del Estado de Derecho”.

“Considerando los objetivos de este proyecto anuncio mi voto a favor, sorprendido porque muchos de los que ahora están aprobando este proyecto hace menos de un mes lo rechazaron. Eso me recuerda que de los arrepentidos es el reino”, sentenció, dando paso a algunos aplausos.

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