El Gobierno de José Antonio Kast ingresó un proyecto de ley para transformar y restar poder al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Para nadie son un misterio las insistentes críticas desde el sector político gobernante hacia las acciones o declaraciones del INDH, cuya principal tarea es vigilar las actuaciones del Estado en la protección de los derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo tiene como principal medida la eliminación de la facultad del organismo de interponer querellas criminales. Solo quedaría con la opción de presentar denuncias de denunciar hechos que podrían constituir delitos, reportó La Tercera.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, indicó que “hoy la Constitución Política reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y por tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad”.

El proyecto también contempla reducir de 11 a 5 los integrantes del Consejo del INDH, quienes ejercerían sus funciones por períodos de cuatro años, con la posibilidad de ser designados nuevamente por una sola vez.

También busca que los nombramientos de los consejeros combine la participación de los poderes del Estado con la sociedad civil, con el fin de fortalecer el pluralismo, se indicó.

De acuerdo a Rabat, buscan tres objetivos de fondo: mayor eficiencia en las atribuciones, también reducir los gastos y lograr el papel que el Gobierno quiere dar al Instituto: que tenga “un rol consultivo” y “no ejecutor.

Reacciones

Este proyecto se conoce luego del aniversario del estallido social, en cuyo contexto el INDH mantiene querellas en contra de carabineros acusados de violaciones de derechos humanos.

También se da en el marco de un tenso intercambio entre el INDH y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, por el proyecto de ley Naín-Retamal 2.0.

La iniciativa desató inmediatas reacciones en la oposición y organizaciones de derechos humanos.

La diputada y exdirectora del INDH, Lorena Fríes, advirtió que esta reforma “es la más regresiva en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia”.

“Reduce su capacidad de acción judicial, debilita su autonomía y elimina su presencia nacional. Esto no es una modernización: es desmantelamiento”, acusó.