De acuerdo a un reporte de T13, el uso reiterado de prendas institucionales por parte de bandas ha encendido las alarmas.

Mal que mal, en abril de este año se informó del caso de un grupo de delincuentes que ingresó a un edificio haciéndose pasar por carabineros: vestían chalecos antibalas y uniformes institucionales falsos, e incluso llegaron a esposar al conserje para concretar el asalto.

En redes sociales prolifera la venta de uniformes oficiales, en una situación que el diputado Andrés Longton califica como un “mercado negro” que crece sin control.

Según expertos, la raíz está en el propio Estado: el desabastecimiento de uniformes obligó a muchos policías a comprarlos por su cuenta, generando un espacio que aprovecharon los delincuentes.

Un abogado y ex carabinero estima que entre 70% y 80% de la indumentaria usada en servicio se adquiere en tiendas particulares, porque la institución no alcanza a cubrir la demanda.

Algunas de estas tiendas, como Verde Legión, ubicada frente al hospital institucional, aseguran operar con transparencia y exigir identificación a cada comprador.

De ahí que el verdadero riesgo está en el comercio digital: en Facebook e Instagram abundan oferentes de uniformes policiales, sin que existan garantías reales sobre quién los adquiere.

La multigremial de emprendedores vincula este auge con un recorte presupuestario de 7.500 millones de pesos, que obligó al Gobierno a dejar sin efecto licitaciones para Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Por eso se debate entre dos caminos: reforzar los controles de venta directa a funcionarios o aumentar el presupuesto para asegurar que el suministro de uniformes sea suficiente.

Carabineros, consultados por el tema, optaron por no emitir declaraciones.