Un informe de la Contraloría General de la República, enviado al Congreso y ahora hecho público según consta en un reporte de Radio Bíobío, reveló que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se objetaron más de $1,5 billones de pesos en irregularidades en la administración del Estado.

En una cifra que implica objeciones por un millón quinientos mil millones de pesos, el documento expone con detalle la profundidad del desorden administrativo en múltiples entidades públicas, desde los Gobiernos Regionales hasta Carabineros. De paso, refleja los problemas del sistema y los millonarios montos en duda.

Entre las cifras objetadas a partir de casi 800 fiscalizaciones se pueden listar:

– $359 mil millones en errores contables y presupuestarios

– $328 mil millones en fallas contractuales

– $316 mil millones en deficiencias en rendición de cuentas

– $252 mil millones en manejo inadecuado de fondos

– $81 mil millones en ingresos no percibidos

- $57 mil millones en pagos sin respaldo

Por ejemplo, más de $303 mil millones fueron objetados en los GORE por irregularidades como falta de respaldo en rendiciones, pagos duplicados, viajes improcedentes y uso político de recursos públicos.

En Carabineros también hubo $151 mil millones objetados, incluyendo sueldos indebidos pagados por hasta 20 años, mientras que en delegaciones y Subsecretarías se constataron contratos con sobreprecio, adquisiciones irregulares y cámaras de seguridad inoperativas.

El informe rompe con la tradición de mantener en reserva estos hallazgos, ya que es la primera vez en años que se difunde públicamente el contenido de este balance detallado.