Un informe pericial, solicitado por el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, determinó que los inmuebles erigidos por la Constructora San Sebastián en El Olivar, y que fueron afectados por los incendios forestales de febrero, no presentan defectos que permitan avanzar en su demolición, que es lo que solicita el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

“Como comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados tuvimos una visita en terreno”, comentó el diputado UDI Mario Olavarría, “donde nos dimos cuenta producto de conversaciones con profesionales en el momento y de nuestra propia inspección de que estas casas no estaban para que se destruyeran”.

De hecho, “al contrario de lo que señala el ministro”, explicó el parlamentario, “el informe dice que hay que mejorar lo que falta y entregar las viviendas a los vecinos que tanto lo anhelan”.

“Aquí lo que ha habido es una tozudez de parte del ministro Poduje, que se encargó de decir y hacer todo lo posible para su destrucción”, completó Olavarría.

Concretamente, el documento —al que pudo acceder radio Bío Bío— resalta que las anomalías corresponden al “diseño”, “cálculo estructural” y “formulación del proyecto habitacional” aprobado por el Serviu, no así a la ejecución material de la constructora. Esto último, dice, es subsanable durante el proceso de obras. Incluso, varias de las modificaciones reprochadas contarían con su respectivo respaldo en libros de obra, antecedentes técnicos o documentación de proveedores.

Pero ni siquiera estos antecedentes lograron mover al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de su posición.

Recientemente, a través de un comunicado de prensa, pusieron en duda el peritaje. E insistieron en que las viviendas no cumplen con los suficientes estándares de seguridad.

En resumen, “el Ministerio rechaza las conclusiones del peritaje”, ya que “el informe reconoce que ‘las anomalías detectadas provienen del diseño, cálculo estructural y formulación del proyecto’ pero declara que ‘la revisión de la ingeniería y memoria de cálculo no forma parte de esta pericia’”, por tanto, se considera que “sin ese examen, carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras o que sus defectos son subsanables”.