El Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció la creación de una comisión que tendrá la misión de estudiar alternativas de financiamiento para TVN, canal que atraviesa una profunda crisis económica y que enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

Según consta en Radio Biobío, la medida busca encontrar una solución de largo plazo para la estación pública, que durante los últimos años ha acumulado pérdidas y mantiene a la venta parte importante de sus activos.

Entre ellos se encuentra su emblemática sede ubicada en Bellavista 0990, en Santiago, además de varios inmuebles regionales.

El nuevo presidente del directorio, el abogado Patricio Dussaillant, ha insistido en desmentir el eventual cierre del canal.

“Ha habido un prejuicio de que un representante de este Gobierno venía a cerrar el canal. Pero no es la voluntad del Presidente de la República. No es lo que yo pienso tampoco”, afirmó previamente Dussaillant, insistiendo en que el objetivo es mantener operativa la señal pública.

Sin embargo, el nuevo presidente del directorio también reconoció que TVN enfrenta un escenario crítico. De hecho, coincidió con el diagnóstico realizado anteriormente por el expresidente del directorio, Francisco Vidal: bajo el modelo actual, la estación es financieramente inviable.

El principal problema radica en el hecho de que TVN deberá enfrentar a comienzos de 2027 el vencimiento de un crédito por $56.000 millones obtenido en 2020 bajo la administración de Sebastián Piñera. Esa es una deuda que, según Dussaillant, el canal no está en condiciones de pagar con sus ingresos actuales.

A ello se suman las pérdidas operacionales. Solo durante el primer trimestre de este año, la estación registró números rojos por más de $3.800 millones, profundizando la incertidumbre sobre su futuro y aumentando la presión para encontrar una solución estructural.

El plan con la comisión

La nueva comisión estará integrada por representantes del Gobierno y miembros del actual directorio de TVN. Su tarea será analizar distintas fórmulas para garantizar la continuidad de la señal y evitar un eventual escenario de insolvencia o quiebra.

Entre las alternativas que se estudian aparece un sistema de financiamiento mixto, en el que el Estado asuma parte de los costos asociados a la denominada “misión pública” del canal.

Esto incluye funciones como la cobertura nacional, la producción de contenidos culturales y el mantenimiento de una red de centros regionales, gastos que no necesariamente enfrentan las estaciones privadas.

En esa línea, Dussaillant ha planteado la posibilidad de que los Gobiernos Regionales puedan aportar recursos para fortalecer la cobertura local, argumentando que mantener operaciones a lo largo del país implica costos elevados que hoy resultan difíciles de sostener.