Por Paulo QuinterosFiscalía acusa al senador Miguel Ángel Calisto de fraude al Fisco por contratos ficticios de “asesorías fantasmas”
El Ministerio Público sostiene que el parlamentario habría participado en un esquema de defraudación por más de $103 millones, mediante contratos ficticios vinculados a asesorías que, según la investigación, nunca se realizaron.
El Ministerio Público presentó acusación contra ocho personas investigadas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en una causa desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique junto a la Policía de Investigaciones.
De acuerdo a La Tercera, entre los acusados por fraude al Fisco se encuentra el actual senador Miguel Ángel Calisto, independiente e integrante de la bancada de Evópoli en la Cámara Alta.
El caso tiene un alcance político relevante, ya que el voto de Calisto es considerado clave en un Senado marcado por el estrecho equilibrio entre oficialismo y oposición.
Según la Fiscalía, entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado, se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos mediante un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, afirmó que la investigación da cuenta de “un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos”, basado en servicios contratados y rendidos ante el Estado que habrían sido ficticios.
De acuerdo con el Ministerio Público, Carla Graf no habría realizado asesorías parlamentarias reales para Calisto, sino que sus contratos habrían funcionado como un mecanismo para obtener fondos fiscales de manera irregular.
La Fiscalía sostiene que esos recursos, correspondientes a honorarios pagados por el Congreso a Graf Toledo, fueron luego transferidos, entre otros destinatarios, al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo Catalán.
Libedinsky calificó el mecanismo investigado como “asesorías fantasmas” y “una caja pagadora”, agregando que los dineros habrían sido utilizados para provecho y beneficio personal de los imputados.
El perjuicio fiscal, según la acusación, asciende a una cifra de $103.664.697 millones.
El fiscal regional aseguró que la prueba ofrecida incluye abundante documentación, testigos y peritajes, antecedentes que, a juicio de la Fiscalía, permitirán acreditar los hechos en un eventual juicio oral.
Calisto asumió como senador el 11 de marzo, aunque la investigación en su contra comenzó antes de que resultara electo como representante de Aysén en la Cámara Alta.
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