La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 imputados vinculados al caso Sartor.

Entre ellos figuran Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor, y el empresario Michael Clark, quien estuvo al mando de la concesionaria Azul Azul S.A., controladora de Universidad de Chile.

El Ministerio Público apunta a cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

Radio Biobio apunta que la solicitud también incluye a Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Óscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

La investigación comenzó tras las actuaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que detectó una serie de operaciones irregulares en el grupo Sartor.

Esas diligencias derivaron en la revocación de la autorización de existencia de la Administradora General de Fondos a fines de 2024.

Posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación penal para determinar las eventuales responsabilidades de exejecutivos y exdirectores de la firma. Varios de ellos, como Pedro Pablo Larraín, ya habían recibido sanciones administrativas impuestas por la CMF durante 2025.

La indagatoria apunta a un esquema que habría operado entre 2016 y 2025 para utilizar Sartor AGF en el financiamiento de entidades relacionadas con sus dueños, socios o administradores.

La acusación sostiene que recursos aportados por inversionistas fueron destinados a financiar sociedades vinculadas a los propios controladores, en lugar de privilegiar inversiones en beneficio de los clientes. Entre los afectados habría personas jubiladas que perdieron sus ahorros.

La investigación también busca establecer si parte de esos recursos fue utilizada para financiar la compra de Azul Azul S.A..