El Ministerio de Hacienda decidió reactivar el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfocándose en quienes registran mayores ingresos. La instrucción fue dada a la Tesorería para iniciar acciones contra un segmento específico de morosos.

Según explicó el ministro Jorge Quiroz, el criterio apunta a personas con remuneraciones brutas superiores a $1,5 millones mensuales, grupo que representa cerca del 20% del total de quienes no están al día con el crédito.

La definición fue revelada tras su participación en un seminario organizado por Diario Financiero, donde también abordó ajustes al gasto público y al sistema de financiamiento estudiantil.

“El tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando”, afirmó la autoridad, marcando un cambio respecto a la inactividad en esta materia.

De acuerdo con los datos expuestos, el Estado no había impulsado cobros efectivos desde 2017, pese al fuerte crecimiento de la deuda acumulada por el CAE en los últimos años.

En ese contexto, Quiroz detalló que la cartera impaga pasó de $500 mil millones en 2018 a cerca de $4 billones en la actualidad, lo que implica un aumento de ocho veces en la morosidad.

El ministro también defendió el carácter del instrumento, señalando que “El derecho social es el CAE (…) nunca ha sido un derecho social además no pagarlo”.

A partir de cruces de información entre distintas bases de datos, Hacienda detectó casos de alto ingreso entre los deudores, incluyendo a 1.800 personas con sueldos superiores a $5 millones mensuales.

En ese grupo, agregó, se concentra una deuda cercana a $20 millones de dólares, lo que reforzó la decisión de avanzar en medidas más estrictas de cobro.

“Lo vamos a ir a cobrar, y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado”, sostuvo.

Si se amplía el foco a quienes superan los $1,5 millones de ingreso, la deuda acumulada alcanza los $800 millones de dólares, según cifras presentadas por la autoridad.

Pese al endurecimiento del enfoque, Quiroz aseguró que no se aplicará la misma lógica a quienes enfrentan dificultades económicas. “La gente que no le ha ido bien, que ha tenido problemas, puede estar muy tranquila”, finalizó.

También habló de la gratuidad

En paralelo, el ministro abordó el debate sobre gratuidad, descartando cambios para los actuales beneficiarios.

“Ningún beneficiario actual de la gratuidad, ninguno, tenga la edad que tenga (…) y esté estudiando en la universidad que esté estudiando, su beneficio no se verá afectado por causa de esta ley”, dijo.

Sin embargo, anticipó ajustes hacia adelante. “A futuro, los que deseen matricularse con más de 30 años podrán tener beca, el CAE probablemente, pero no la gratuidad. En el caso de las carreras técnicas van a estar excluidas de esta cláusula”, remarcó.