El gobierno del Presidente José Antonio Kast prepara un nuevo paso en su plan para reducir la participación del Estado en empresas. Según reveló La Tercera, el foco está puesto en las cuatro mayores sanitarias del país: Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis (exEssal), donde la Corfo aún mantiene participaciones cercanas al 5%.

En esa línea, dicha venta busca recaudar recursos para mejorar la situación fiscal y, al mismo tiempo, reducir la presencia estatal en la actividad empresarial.

Según confirmó el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, la operación ya está siendo estudiada y podría concretarse mediante remates en la Bolsa, sin necesidad de pasar por el Congreso.

“Estamos estudiando, concretamente, en una primera etapa, la venta de la participación minoritaria en empresas sanitarias”, reconoció el secretario de Estado.

La idea comenzó a tomar forma en abril, cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que se analizaría el portafolio completo de activos estatales para fortalecer los fondos soberanos mediante la venta de bienes fiscales. Hasta ahora, ninguna autoridad había reconocido públicamente la intención de vender las acciones que el Estado aún conserva en empresas estratégicas.

Más que acciones: el Estado perdería facultades sobre derechos de agua

La privatización de las sanitarias comenzó a fines de los 90 con Eduardo Frei y continuó con Sebastián Piñera, quien vendió gran parte de las acciones estatales entre 2011 y 2012. Ahora, el gobierno busca desprenderse del resto y recaudar unos 150 millones de dólares.

Aunque el Estado posee actualmente cerca del 5% de estas empresas y no tiene capacidad para elegir directores, esas acciones aún le otorgan facultades especiales sobre los derechos de agua y las concesiones sanitarias.

En Aguas Andinas, por ejemplo, la participación de Corfo corresponde a acciones preferentes serie B, que le permiten aprobar o rechazar operaciones relacionadas con esos activos. Si esas acciones se venden, esa atribución desaparece automáticamente.

Algo similar ocurre en Esval y Essbio, donde las acciones especiales también permiten bloquear eventuales ventas de derechos de agua o concesiones. En el caso de Esval, además, Corfo conserva la facultad de convocar por sí sola a juntas de accionistas.

Desde el gobierno, sin embargo, sostienen que esos poderes nunca han debido utilizarse y que la fiscalización efectiva de las sanitarias corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por ello, consideran que ya no tiene sentido mantener esas acciones solo para conservar esas atribuciones.