Una serie de investigaciones internas están en curso en la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso, luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara más de 25 mil casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.

Si bien la Contraloría no tiene tuición sobre el Poder Legislativo, desde La Tercera indican que el caso abrió una “caja de pandora” al detectarse posibles irregularidades adicionales.

Las indagaciones apuntan, además de los viajes durante las licencias, a la eventual percepción de subsidios por incapacidad laboral que no corresponderían, ya que los parlamentarios continúan recibiendo su dieta sin interrupción.

En ese sentido, un reciente dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), emitido tras un oficio de la diputada republicana Chiara Barchiesi, señala que no corresponde el cobro de subsidios por parte de parlamentarios mientras reciben su remuneración completa.

Incluso incluye en este criterio las licencias maternales, cuyos pagos también son financiados por el Estado.

Lo que podría ocurrir de encontrarse licencias cobradas

Aunque la Suseso aclaró que no tiene información sobre casos específicos ni acceso a datos oficiales para individualizar a quienes ejercen cargos parlamentarios, el dictamen encendió alertas.

De hecho, exautoridades de la superintendencia calificaron como un “doble ingreso” el cobro de dichos subsidios por parte de legisladores, lo que podría implicar incluso responsabilidades penales. Simplemente lo tildan como “aprovechamiento”.

En ese sentido, ya hay voces que apuntan a que debería existir una restitución de los montos e inclusive la Comisión de Ética debiese tomar medidas, ya que la normativa vigente establece que todo subsidio cobrado sin derecho debe ser devuelto por orden del empleador. Y en este caso, se trataría del propio Congreso.