Había testimonios y chats, pero se resolvió absolución: dejan libre a extranjero acusado de violar a menor de 14 años
Fiscal insistirá en la culpabilidad del acusado, quien permanece en situación migratoria irregular en Chile.
Fue a fines de 2025 cuando un grave caso conmocionó a la ciudad de Punta Arenas: un adolescente de 14 dijo haber sido víctima de violación por parte de un ciudadano dominicano.
A raíz de esta grave situación, el extranjero de 29 años (que llegó a Chile hace tres y permanece en situación migratoria irregular) fue formalizado en diciembre de 2025.
Tras decretarse la prisión preventiva, pasó 10 meses tras las rejas. Sin embargo, durante la jornada del miércoles, los jueces del Tribunal Oral lo absolvieron, por lo que recobró su libertad.
Detalles del caso
Según la investigación liderada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Braulio Pérez Cabrera contactó a la víctima a través de una aplicación. Luego de charlar a través de WhatsApp, se habría concertado una cita.
De acuerdo a lo revelado por La Prensa Austral, en la charla telefónica la víctima le dijo al acusado ser menor de edad. Pese a ello, igual lo recibió en su casa, donde se habría consumado el delito.
Respecto a la decisión de la justicia, se dio a conocer las pruebas testimoniales, periciales, entre otras, no dieron resultados suficientes para acreditar el delito de violación, “como es la fuerza necesaria para el acceso carnal por parte del acusado, del modo descrito en la acusación”.
Van por apelación
Sin embargo, el fiscal Fernando Dobson insistirá en la culpabilidad del acusado y anunció la presentación de un recurso de nulidad.
Por su parte, el abogado defensor Pablo Santander Severino, se mostró conforme con la decisión.
Desde un principio, la defensa penal pública enfocó su postura en desestimar el uso de la fuerza por parte del imputado.
Santander señaló que del análisis de las conversaciones vía chat “se deduce que sí había un consentimiento para la acción sexual”, añadiendo que los mensajes permitirían descartar la imposición de fuerza argumentada por el Ministerio Público.
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