Arturo Correa Cuevas, quien recibió $2.870 millones tras pactar con la CGE por demandas ligadas a incendios en la Sexta Región, es acusado por el SII de no declarar debidamente esos ingresos y causar un perjuicio fiscal de $1.367 millones. Además, sus exclientes lo acusan de no informar el alcance del acuerdo que lo terminó beneficiando.
Arturo Correa Cuevas, un abogado que se embolsó un lucrativo acuerdo extrajudicial por $2.870 millones con la Compañía General de Electricidad (CGE), a raíz de una serie de demandas generadas por incendios forestales en la Sexta Región, ahora enfrenta una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por fraude fiscal.
Un informe de Radio Biobío indica que el SII reclama que Correa no declaró apropiadamente justamente los ingresos que obtuvo por esas demandas.
La irregularidad ocurrió en las Operaciones Renta 2020 y 2021, lo que generó un perjuicio fiscal de más de $1.367 millones.
Cabe destacar que Correa logró ganar un millonario monto tras llegar a un acuerdo con la CGE sin informar a sus clientes, quienes ya emprendieron una acción legal en su contra. Estos acusan que entre las sombras fue el “principal beneficiario” del acuerdo judicial con la CGE.
En específico, el abogado recibió $2.500 como honorarios tras pactar las demandas. En tanto, otros $370 millones los consiguió por representar a los municipios de Marchigüe y Paredones.
Reclaman que no pagó lo que correspondía
De acuerdo a la acción de Impuestos Internos, Correa no pagó el dinero que correspondía al Impuesto Global Complementario.
En ese sentido, desde el SII con su querella apuntan a que parte del dinero fue depositado en la cuenta de su hermano y no figuró en su declaración de renta.
Además, plantean que Correa usó una sociedad, en la que también participan sus hijos, para emitir facturas por $2.400 millones, ocultando que prestó los servicios personalmente.
A esa situación se suma que dicha sociedad no tenía giro relacionado con asesoría legal, por lo que el SII acusa que se usó para pagar menos impuestos, aplicando una tasa de Primera Categoría (27%) en vez de la que corresponde a sus ingresos personales (Segunda Categoría).
A raíz de esta querella, se solicitará que declaren no solo los exclientes de Correa, sino que también las autoridades municipales de Marchigüe y Paredones. Lo propio tendrá que hacer el abogado, quien no entregó una declaración pública al ser consultado por la querella.
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