Luego de la revelación de los crueles vejámenes que sufrió un funcionario al interior del Hospital Base San José de Osorno, surgió la interrogante sobre qué ocurrió con los responsables de los abusos.

Serían al menos cuatro los funcionarios que estarían implicados en los ataques que por años sufrió un trabajador diagnosticado con un trastorno del espectro autista (TEA), en el recinto de salud osronino.

Los hechos se remontan al periodo entre 2018 y 2020, pero recién ahora se conocen las fuertes imágenes que prueban los maltratos. Videos y fotos muestran cómo lo agredían, lo amarraban, lo desnudaban y hasta le rapaban la cabeza, sin ninguna piedad.

La víctima ya no trabaja en el hospital y se supo que los apuntados como responsables seguían hasta ahora trabajando en el establecimiento.

Por qué no han sido desvinculados

Según explicaron desde el Servicio de Salud de Osorno, en la época de los hecho se instruyó un sumario pero terminó sin sanciones administrativas. Afirmaron que en 2024, al conocer nuevos antecedentes, se reabrió el sumario y se informó al Ministerio Público por eventuales delitos.

La institución confirmó que los implicados no han sido desvinculados, pero sí se encuentran separados de sus funciones mientras se desarrolla el actual sumario. Según Radio Bío Bío, algunos estarían con licencia médica.

El director (s) del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, aseguró que fueron “administraciones pasadas, distintas a la actual, las que cerraron el proceso con un sobreseimiento”.

Explicó que, ahora, “con la complejidad que implica el tiempo transcurrido y la ausencia de la víctima, se logró establecer la existencia de los hechos y se determinó la sanción que fue notificada a los cuatro funcionarios en cuestión”.

Sin embargo, el proceso “está en su etapa de apelación y posteriormente debe ir a la toma de razón de Contraloría para poder hacerla efectiva”.

En paralelo, Contraloría General de la República informó que está revisando la legalidad de los sumarios en el hospital sobre este caso y la Fiscalía instruyó una investigación penal para determinar los eventuales delitos.