Los abogados de la exesposa de Alberto Larraín, director de la Fundación ProCultura, acusaron que “esta interceptación constituye una grave vulneración de su intimidad y su libertad individual”.
Los abogados de Josefina Huneeus Lagos, Alejandro Awad y Miguel Schürmann, interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras la interceptación de su teléfono, luego de que se filtraran conversaciones privadas de la psiquiatra con el Presidente Gabriel Boric.
Según consignó 24 Horas, la acción busca invalidar las tres resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta y establecer la ilegalidad de la interceptación del teléfono de Huneeus, quien es exesposa de Alberto Larraín, director de la Fundación ProCultura.
“Hoy presentamos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta un recurso de amparo para resguardar los derechos fundamentales de Josefina Huneeus, cuya conversación privada fue interceptada sin que existiera justificación legal alguna ni vínculo con investigación en su contra”, detalló el abogado Alejandro Awad.
“Esta interceptación constituye una grave vulneración de su intimidad y su libertad individual. Josefina fue víctima de una intromisión ilegal y arbitraria que debe ser enmendada. Debe evitarse que este tipo de abusos se normalice en nuestro sistema judicial”, añadió.
En el documento, los abogados de la psiquiatra afirman que las medidas fueron “gravemente intrusivas”. Sumado a eso, señalan que no existía “ningún antecedente para atribuirle responsabilidad penal”.
En ese sentido, sostienen que Huneeus no se encontraba dentro del listado de las 17 investigadas por el caso, cuya interceptación telefónica fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el pasado 2 de octubre de 2024.
El texto señala que la interceptación telefónica fue un “error”, bajo la suposición de que “le pertenecía a otra persona”, en este caso, a Alberto Larraín. No obstante, indican que pese a que la Fiscalía Regional de Coquimbo dio cuenta del “error”, decidieron mantener la medida.
“Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas, espionaje”, indican en el documento.
Ante esto, los abogados solicitan que las diligencias y resoluciones que surgieron de las mismas, junto con sus respectivos resultados, sean anuladas y el material eliminado.
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