Pía Tavolari Goycoolea, abogada integrante de la Corte Suprema, ha rectificado su declaración de patrimonio e intereses en tres ocasiones en menos de dos meses, tras subvalorar cuatro bienes raíces por un total de $333 millones.

De acuerdo a Radio BíoBío, en noviembre de 2024 se concretó la primera rectificación de Tavolari, originada por una denuncia que reveló su participación accionaria en AES Andes S.A.

Posteriormente, fue notificada por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro Astudillo, sobre nuevas inconsistencias.

El 26 de diciembre, Tavolari declaró acciones adicionales en Enel Américas S.A. y Enel Generación Chile S.A. Una semana después, rectificó los valores fiscales de cuatro propiedades ubicadas en Vitacura, Lo Barnechea, Litueche y Santiago, cuya subvaloración total ascendía a $333 millones, según registros del SII.

El origen de las rectificaciones y su relación con Quintero

Las rectificaciones derivaron de una denuncia de Olga Garri, habitante de Quintero, quien evidenció errores en las declaraciones de Tavolari.

Lo anterior fue impulsado porque la jueza en cuestión fue quien redactó el fallo que anuló en 2024 la condena contra ejecutivos de Enap por contaminación en Quintero y Puchuncaví.

En noviembre, Tavolari declaró poseer $567 mil en acciones de AES Andes, empresa vinculada a la zona afectada, lo que motivó un recurso de nulidad que la Corte Suprema rechazó el 6 de enero.

La respuesta de Tavolari

Ante todo lo anterior, Tavolari ahora negó que sus nexos con estas empresas afectaran su imparcialidad en el fallo, argumentando que la Corte Suprema ratificó su posición.

Respecto a los errores en su declaración, los atribuyó a problemas al actualizar la tasación fiscal de sus propiedades en marzo pasado.

“Al actualizar en marzo pasado el avalúo o tasación fiscal del año 2023 al 2024, la información no quedó correctamente grabada en el formulario”, aseguró a BíoBío.

Tavolari deberá presentar una nueva declaración en marzo de 2025, como lo exige el cronograma anual para funcionarios públicos.