Por Eduardo OrtegaLucía Dammert, experta en seguridad y crimen organizado: “Bukele es todo lo que los chilenos no quisieran tener”
Resulta de más de una década de entrevistas, viajes y reuniones, la académica presenta un acucioso estudio en formato libro que resume los mayores dolores de la región. El narcotráfico, sí, pero también otros fenómenos menos atendidos, como la trata de personas o la extorsión. “Esto es como The last of us”, dice ella, “al final uno se da cuenta cuando ya empieza a correr”.

250 páginas le bastaron a Lucía Dammert (Lima, 1972) para retratar el sensible escenario que atraviesa América Latina en torno al poder del crimen organizado. Académica, experta en seguridad, violencia urbana y políticas públicas, exasesora del Presidente Boric, en esas 250 páginas Dammert desmenuza seis fenómenos que han favorecido la consolidación de los mercados ilegales como una estructura paralela al Estado: narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, minería ilegal, delitos ambientales (tala, pesca, comercio ilegal de la vida silvestre) y extorsión. Pero de los varios atributos que ofrece Anatomía del poder ilegal (Ariel), resulta de una década de investigación, tal vez el que más resalte sea el que dice ella a La Cuarta un lunes al mediodía de Madrid, España, en donde esta semana presentará el libro.
—Sacar la conversación del área de los expertos o los académicos únicamente, porque yo he escrito ya varios libros en ese mundo y siento que esta es una temática que realmente requiere que pueda ser leída, entendida, dialogada con una audiencia más grande.
Ese era uno de sus propósitos. Después están estos dos:
—El segundo es, en ese marco, poder describir las complejidades que tiene el fenómeno, que no es sólo el narcotráfico sino que son muchos mercados ilegales, muchas más estructuras criminales. Y el tercero, es que además de la parte ilegal, criminal, violenta, estos fenómenos tienen partes legales: su objetivo es legalizar su dinero, entonces enfrentarlo no es solamente deteniendo gente en la esquina, sino poder generar unas estrategias que vayan también por la parte legal, por el dinero ya legalizado, por la industria en su versión más formal para poder hacer justamente unas estrategias mejores.
—¿Cómo evalúas a Chile? Concretamente, en términos de su capacidad de fiscalización para mitigar la corrupción y los mercados ilegales.
—Una de las cosas que el libro muestra es que hay mercados ilegales muy flexibles en América Latina, y esa flexibilidad podría ver a Chile como un espacio para desarrollarse. Así como la forma de la extorsión cotidiana también llegó a Chile, porque así las estructuras criminales se dan cuenta de que pueden conseguir dinero, también uno puede pensar que desde la minería ilegal, sacar el oro por los puertos, o la trata de personas, mover mujeres que están siendo esclavizadas u hombres para el trabajo. Si no tenemos las contenciones necesarias desde el punto de vista institucional, podemos empezar a jugar roles en esos mercados. Me parece que eso es lo primero que hay que decir: que no estamos inmunes, que no estamos vacunados frente al desarrollo de las organizaciones criminales. Y, en segundo lugar, que evidentemente en los últimos diez o quince años, también el fenómeno del consumo de los productos ilegales, desde la droga hasta las mujeres tratadas o el tráfico de migrantes, ha aumentado muy significativamente. Entonces también ese elemento nos pone como país en una situación mucho más compleja, porque al final del día, esa apertura a una cultura de la ilegalidad donde uno dice: compro salmón súper barato, y sabe que es probablemente robado pero se hace el que no se da cuenta, fortalece la estructura criminal.
—Y en cuanto a la discusión: aquí probablemente de lo que más se hable actualmente es del Tren de Aragua o la inmigración. ¿Chile se ha preparado o crees que está en vías de estarlo?
—Nosotros estamos en una discusión que es, todavía, un poco superficial para el tamaño del problema que estamos enfrentando. Es superficial, porque a todos le llamamos narco. Cuando estamos, por ejemplo, frente a un fenómeno de bandas que se dedican principalmente a la especulación de terrenos, les llamamos narcos, nomás. Y también superficial, porque buscamos ponerle un nombre de una estructura criminal internacional para poder decir que esto es muy grave. Si uno dice: tenemos un grupo criminal chileno, pareciera que no es tan grave, entonces de un momento a otro ahora todo es Tren de Aragua, sabiendo que en realidad hoy día también —y eso está en el libro muy bien explicado— las estructuras criminales son muy distintas que las anteriores. Muchos que se llaman Tren de Aragua, no lo son. Ese nivel de superficialidad de la conversación cotidiana no debería haberse traducido en una política pública generalista. Realmente necesitamos mucho más políticas públicas especiales, específicas, por ejemplo para la lucha contra la trata de personas, de tráfico de migrantes, en fin. Pero también, por ejemplo, cosas más cotidianas, como que existe un mercado ilegal muy grande en la ropa usada, ponte tú, o el robo de cable o el robo de salmón o el contrabando de cigarrillos. Cuando empiezas a mirar estos mercados, uno se da cuenta de que sí necesitamos tener una lucha mucho más fuerte contra la impunidad, y eso es un desafío gigante para nuestras instituciones, porque incluso en el capítulo de lavado de activos, es evidente que hay que perseguir el dinero de estos negocios, pero hoy día perseguir el dinero no es solamente abrir las cuentas, o sea sí, abrir las cuentas, pero cuando ya tú ves que los millones de dólares se mueven en crypto, en las NTF, que estás en otro capítulo de la discusión, uno siente que nosotros estamos un poquito atrás.

—Hace poco decías que “hay que desnarcotizar la agenda”, ¿crees que se le ha dado demasiada prioridad a ese apartado?
—Narrativamente sí, y sobre todo electoralmente, ¿no? Uno dice: ya, qué vamos a hacer con el narco, hay que terminar con el narco, hay que enfrentar al narco, hay que meter a los narcos presos. A todo ese tipo de narrativas se les da mucho énfasis y hemos dado muy poco énfasis al aumento de las violencias. Hemos hecho un especial de demostrar, por ejemplo, que hay cada día más violencias en las calles, que son un terreno fértil para lo otro. Que además, por algún motivo que todavía no estamos queriendo mirar, hay cada día más jóvenes que consumen drogas de forma problemática y que eso también es un terreno fértil para el desarrollo de estas cosas. No es abandonar el tema del tráfico de drogas, sino (entender) que el tráfico de drogas es parte de un entramado de mercados ilegales, que deben ser considerados como un todo. Porque además hoy día las organizaciones criminales venden droga, pero también trafican armas, pero también mueven cigarrillos falsos, pero también... ¿me entiendes? Es mucho más complejo y nos ha sido fácil decir: esta es la lucha contra las drogas, pero bueno, la guerra contra las drogas América Latina la viene perdiendo. Tal vez el problema ya no es solamente la lucha contra las drogas sino realmente es la lucha contra la ilegalidad, los mercados ilegales y el dinero sucio.
***
Mireya —cuenta Dammert en el libro— es vendedora de una feria en el Barrio Yungay, víctima de uno de los muchos rostros que tiene la extorsión. Parte de los coleros, Mireya le explicó a Dammert que, para sentirse seguros, “se contrató a guardias informales de seguridad extranjeros”. Pero, con el tiempo, esos guardias dejaron al caer sus reales intenciones: socios de organizaciones dedicadas a préstamos extorsivos, o el gota a gota, y de otras organizaciones criminales, acabaron exigiéndoles vender productos ilegales en las ferias. De remedios, en los mejores casos, hasta drogas. “Terminan, entonces, siendo controlados por los que contrataron inicialmente para ser los vigilantes”, resume la autora.
Por casos como este y otros desde luego más delicados es que Dammert, cuando comenzó a diseñar el libro, pensaba escribir sólo sobre la extorsión.
—Es una de las prácticas del mundo de la ilegalidad que más impacta en la ciudadanía porque, como habrás visto, es algo que te afecta en tu día a día y, sobre todo, afecta a las grandes mayorías. Hay gente a la que le cobran por ir al colegio, gente a la que le cobran por tomar su taxi. Gente que está pagando permanentemente en la región. Yo creo que eso, en Chile, puede prender también. Ya hoy día lo ves principalmente en los grupos más vulnerables. Cuanto tú entrevistas a migrantes en situación de irregularidad, y también migrantes regulares que no se sienten protegidos por la institucionalidad, muchos de ellos están siendo extorsionados cotidianamente. No con grandes sumas, pero con sumas pequeñas que se suman en montos mayores. Más allá de pasar leyes, hay que avanzar muy rápidamente para frenar este flagelo. Porque es un flagelo que le lleva control territorial. Porque, para extorsionar a alguien, estás empezando a construir un estado paralelo. Tú le dices a la persona: tú me pagas tus impuestos, que en este caso es la extorsión, y yo te doy seguridad de que no te robo, de que nadie te roba, o te protejo tu barrio, y eso ya es la construcción de un estado paralelo. Y la ciudadanía, frente a eso, además se aterroriza y está disponible a cualquier cosa.

—Y respecto al tráfico de migrantes, la trata de personas, que ha crecido exponencialmente en la región. ¿Es un asunto de cuidado en Chile?
—Todos los indicadores, los pocos datos que hay muestran que hay un momento muy significativo de la oferta de trabajo sexual en Chile. La oferta y la demanda. Y en muchos casos esa oferta de trabajo sexual está ejercida principalmente por mujeres extranjeras, está vinculado con importantes niveles de violencia contra ellas, ya sea por esclavitud sexual o por extorsión o por amenaza o por un proceso previo de tráfico de migrantes. Entonces, yo creo que en esa área tenemos muy poquita información, tenemos que ponerle mucho, mucho ojo. ¿Te acuerdas cuando salieron los datos de esta persona secuestrada, un alcalde, te acuerdas? Ahí salió un fiscal y dijo: este es un nuevo tipo delictual que es secuestro en el marco del uso... bueno, ahí tú ves que hay una vinculación, un entramado, de una cultura ilegal muy fuerte. Entonces, yo sí creo que más allá de que hay una preocupación por la migración, también deberíamos de mirar la migración como un proceso que ha estado vinculado o que puede estar todavía estando vinculado a organizaciones criminales que lucran con el movimiento de estos migrantes. Yo estoy segura que eso ocurre en Chile, porque la gran mayoría de personas de Venezuela que se han movido, no tanto en avión, como territorialmente en la región, se han movido en manos de este tipo de organizaciones. Entonces Chile no estaría ajeno a ese proceso.
—Algo que se desprende del libro es que en América Latina ya no existe la figura del país excepcional, como alguna vez lo fue Chile o Uruguay o Costa Rica. ¿Cómo se explica que este escenario haya cambiado tan bruscamente y en tantos sitios?
—Por muchos años se decía que esos tres países eran los países excepcionales por dos motivos: uno, porque tenían policías menos corruptas o instituciones menos corruptas, y dos, porque las tasas de homicidio eran muy bajas en promedio. Y las tasas de homicidio en Costa Rica y en Uruguay aumentaron mucho más que en Chile, pero en Chile también aumentaron. Y hay cada día hechos de corrupción en los tres países que empiezan a mostrar dificultades en términos del control de la probidad institucional. Esto se debe a tres cosas: uno, los mercados ilegales tienen una cantidad de dinero incalculable para la corrupción, la amenaza o la extorsión de funcionarios. Yo creo que ahí lo que antes uno pensaba que eran pequeños grupos criminales que podían ir y extorsionar a un policía o tratar de corromperlo, hoy en día son empresas gigantes de corte mundial, eso es un elemento. Un segundo elemento es que muchos de estos mercados ilegales, como no necesariamente están vistos “en el mundo de la droga”, son también vistos con menos preocupación. Cuando uno dice: te pago por que me dejes pasar un cargamento de cigarrillos, bueno, sí, ¿cierto? No es lo mismo decir: déjame pasar un kilo de coca. Hay una cierta administración de los mercados que lo ha generado. Y en tercer lugar, la flexibilidad de los mercados, sobre todo después del Covid, la flexibilidad territorial de los mercados, es muy grande. Entonces, si tú no puedes sacar coca por Perú, porque estás siendo más investigado, porque los barcos que salen de Perú los revisan más en Europa, etc., bueno, búscate el espacio para penetrar Chile. O buscas el espacio para mover tu ruta, y eso es algo que creo que ha impactado en los tres países de forma bastante evidente.

—¿Y cuál es la salida? Hay quienes, por ejemplo, celebran el modelo de Bukele. Aquí, de hecho, muchos sugieren que hace falta un Bukele.
—Es un buen slogan electoral nada más. El Salvador es un país muy distinto a Chile, pero es un slogan que está en muchos países. Hasta en Estados Unidos en algún momento dijeron que querían su Bukele y ahí lo tienen. Yo te diría que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el fenómeno de los mercados ilegales no es un fenómeno que se responde con policía, justicia y cárcel únicamente. Cuando hablamos de poder ilegal, ya no del crimen organizado, lo que llamamos poder ilegal es la conjunción de cultura de la ilegalidad, mercados ilegales que también fortalecen prácticas corruptas, y cuando hablo de prácticas corruptas, me refiero a la corrupción de las instituciones públicas, de los funcionarios pero también del mundo privado. Una forma de hacer negocios fuera de la ley. Y, en paralelo, una de las debilidades cada vez más grandes del Estado. Hay mecanismos de fortalecimiento de las capacidades de los Estados que han sido muy abandonados. Cuando tú miras las fronteras, la mayoría de las fronteras latinoamericanas, más que ser los verdaderos espacios de soberanía son espacios de abandono. Claro, si tú vas a las principales fronteras y lo que encuentras ahí es mercados ilegales, contrabando, debilidad en las instituciones y cada una de las instituciones tiene un par de funcionarios encargados de la fiscalización de mercados que mueven millones de dólares... Lo primero es evidentemente una política muy necesaria en América Latina, que es la regulación del financiamiento ilegal de campañas políticas. Porque lo que tú tienes es mucha plata, una presión por hacer cambios en la legalidad y una política que tiene, en muchos países, no es el caso Chile, donde la regulación del financiamiento de campañas es muy débil. Necesitas ese tipo de cosas y luego, por supuesto, fortalecer la capacidad de fiscalización de los países, también entre los países, pero partamos por los países.
—¿En qué estamos, como Chile, en deuda?
—Yo creo que en Chile por mucho tiempo estuvimos un poco más tranquilos pensando que éramos un país que estaba, digamos, fuera de las posibilidades de caer en el mundo del mercado ilegal. Hemos sido lentos. Nuestra respuesta ha sido más lenta, todavía queda mucho por hacer en términos de también la fiscalización de los fiscalizadores. Creo que tenemos en Chile que poner el énfasis en dónde están los dineros que generan estos mercados. Hemos aumentado la cantidad de presos, sí, tenemos la mayor cantidad de presos desde el regreso a la democracia, hemos vuelto a tener más menos 30% de gente presa que no está condenada, y esas son todas malas noticias, porque está claro que no hay ni una evidencia que meter gente a la cárcel en forma masiva genere una disminución del delito, al contrario. Entonces esas recetas ya se hicieron.
—¿Y qué se debe hacer?
—Lo que Chile tiene que hacer es mirar esto de una forma más de largo plazo, sacarlo de la agenda electoralista, tratar de generar un camino de largo plazo para fortalecer la unidad de análisis financiero, un camino de largo plazo para fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, un camino muy de largo plazo para entender cómo vamos a hacer para fiscalizar a cientos de fiscalizadores. Esto no es solamente policía. Es aduanas, puertos, hasta incluso Servicio de Impuestos Internos. Puede jugar un rol muy importante. Entonces, lo que hay que tener claro es que, como este no es un tema de justicia criminal sino un tema político estructural, el Estado en su conjunto tiene que organizarse para enfrentar esto que está tan bien organizado y sofisticado que son los mercados ilegales.
—La seguridad parece haberse vuelto rehén de la campaña electoral. ¿Por qué las propuestas siguen estando, como mencionabas antes, más enfocadas en una mirada más punitivista, como ampliar la cifra de cárceles o el tema de las fronteras?
—Las campañas electorales son los peores momentos para la discusión seria en temas de seguridad, dado la ansiedad de la ciudadanía. Al final del día son todas propuestas más bien populistas. No van a resolver el problema. Ahora, ¿qué es lo que uno extraña? Las propuestas de prevención de las violencias, que no hay casi ninguna. Casi la mitad de los homicidios son de gente matándose con gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Nos tenemos que hacer cargo de lo que los maestros están diciendo hace mucho tiempo: que las escuelas tienen problemas muy serios de violencia. Nos tenemos que hacer cargo del problema, por ejemplo, de cuántas propuestas de gobierno están aumentando la cantidad de cupos para la gente que tiene consumo problemático de alcohol y drogas. O cuántas están fortaleciendo la respuesta institucional para los temas que estamos hablando. El abandono de esa área, que es el área más seria, creería que es el mayor problema. Hasta hace algunos años atrás, en las campañas uno tenía medidas que sabía que eran populistas, pero también estaban las otras. Uno esperaría que en la discusión de los próximos dos o tres meses pudiéramos tener una conversación más seria, porque la ciudadanía también requiere que la política haga pedagogía, que muestre un poco lo que estamos hablando acá. Si ya la política se resigna a la discusión del reality, estamos perdidos.

—¿Cómo se puede combatir efectivamente el desarrollo de carreras criminales?
—En el libro efectivamente le hacemos una crítica a Bukele, porque además es un modelo no democrático, es un modelo que tiene importantes niveles de violación a los Derechos Humanos, además de no transparencia. Digamos, todo lo que los chilenos no quisieran tener, te lo puedo asegurar. No transparencia, corrupción, en fin. Hay dos cosas que muestra el libro: uno, que el problema es estructural y que, por ende, requiere respuestas estructurales mucho más serias y de largo plazo, que creo que tienen que ver principalmente con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar el fenómeno. Nosotros tenemos policías que son policías en las que se ha invertido mucho dinero, igual que las fiscalías, y por ende, uno podría exigir una concentración en una forma de entender el fenómeno distinta, mucho más estructurada. Ya no solamente en la lucha contra la cocaína, sino contra estos mercados emergentes. Hay que ver cómo fortalecer las capacidades de la inteligencia del Estado para identificar estos fenómenos que son fenómenos que pareciera que se están moviendo por debajo de la Tierra y uno no se da cuenta. Esto es como The last of us, que al final uno se da cuenta cuando ya empieza a correr. Y luego, también, la experiencia latinoamericana te demuestra que cuando uno se acostumbra a la corrupción, pierde. Entonces, tener mecanismos de mucho control de los hechos de corrupción con respuestas rápidas, que le demuestren a la ciudadanía que no da lo mismo ser corrupto, manejar dinero oscuro. Es relevante para poder tener la legitimidad para luego perseguir a cualquiera que se meta en esos caminos.
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