Fue en septiembre de 2002, hace más de 20 años, cuando el caso de Juanito Miranda conmocionó a San Antonio y a todo el país.

Se trataba de un niño de 12 años que nació de una relación entre Cecilia Soto y Patricio Miranda, la que se quebró al segundo año, cuando el hombre se volvió adicto a las drogas.

A mediados de los 90, el sujeto se casó con Nevenka Beltrán. Fue por entonces cuando Cecilia ganó una pensión alimenticia de 18 mil para Juanito.

Comenzó el drama

El hombre pagó hasta que Nevenka lo convenció que dejara de hacerlo. En consecuencia, empezó a acumular una deuda que se convirtió en millonaria.

Fue en este contexto que ambos planificaron el asesinato del niño, quien desapareció el 26 de septiembre de 2002 cerca de las 8 de la mañana, camino a su escuela.

“Ese día se preparó, se miró al espejo, se arregló, se echó perfume y se fue. Nunca olvidaré ese último momento”, rememoró Cecilia.

Cerca de las 3 de la tarde la mujer se enteró de que su hijo nunca llegó a clases. Así se inició una desesperada búsqueda por San Antonio y sus alrededores.

El 5 de octubre de 2002, Cecilia junto a familiares, vecinos y amistades, estaba en esa tarea, cuando un mensaje de voz en su celular la dejó sin aliento. Había novedades y debía ir urgente al Hospital de San Antonio.

“Me mostraron ropa, la mochila, cuadernos, llave y una moneda de 100 pesos, todo era de mi niño”, recuerda.

La “cerebro” del crimen

El apremio económico que enfrentaba Patricio producto de la demanda por pensión alimenticia (superior al millón de pesos), detonaron en su cerebro una macabra idea.

Para el Ministerio Público, Nevenka fue quien -gracias a su experiencia como secretaria de un abogado y su familiaridad con el personal judicial- elaboró paso a paso un plan criminal a prueba de errores que los dejara fuera de toda sospecha.

Para concretar el delito, según la fiscalía, ambos investigaron el domicilio del menor, intimidaron reiteradamente a la madre de este e incluso intentaron secuestrar y matar al niño contratando para tal fin a un sicario, el que a última hora se arrepintió de realizar el “trabajo”.

Lo anterior habría provocado un cambio de planes (aunque los criminales siempre sostuvieron que el asesinato fue cometido por un tercero, lo cual nunca se comprobó). El 26 de septiembre de 2002, el pequeño fue raptado, acuchillado y posteriormente dejado en un sitio eriazo cercano al vertedero municipal de San Antonio.

Allí fueron encontrados sus restos, 10 días después de su desaparición, el 5 de octubre.

La investigación concluyó que el matrimonio Miranda Beltrán fue inductor de homicidio calificado en contra de Juanito Miranda Soto, sin que se lograra establecer la identidad del verdadero autor del crimen.

Condenas

En agosto de 2006, ambos fueron detenidos por la Brigada de Homicidios de la PDI mientras intentaban huir de Chile por un paso fronterizo. Quedaron tras las rejas y esperaron por su condena.

En agosto de 2009, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una sentencia de 10 años para el padre de Juanito y 8 para su esposa. Mientras que Patricio Miranda fue condenado como inductor de delito de homicidio, Nevenka Beltrán quedó sentenciada en calidad de cómplice.

El dictamen descartó la figura del parricidio. Según consta en el oficio, Patricio Miranda “indujo así al autor del crimen, proporcionándole, además, las informaciones y otros elementos que eran indispensables para perpetrar el hecho delictuoso (...) como inductor y cómplice necesario de la muerte de su hijo”.

En enero de 2010, Patricia Miranda, de entonces 55 años, fue encontrado muerto al interior de su celda en la cárcel de San Antonio. Se quitó la vida.

Según indicó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Antonio, Héctor González Aránguiz, el cuerpo del recluso pendía de una viga en el sector Colectivo 1 del establecimiento.

Los restos no mostraban daños atribuibles a terceras personas, aparte de la provocada por la cuerda sintética que le sirvió para ahorcarse.

Junto al muerto se hallaron dos cartas que el fiscal del caso, Luis Giadach, ordenó mantener selladas hasta recibir la orden judicial. El contenido de estas misivas nunca se conoció.