Por Diego Ramírez“Nadie, excepto un cogotero...”: Jorge Ugalde niega ser el autor del triple homicidio y busca descartar principal teoría
Pese a la postura del imputado, la justicia determinó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Graves delitos se le imputan a Jorge Ugalde, psicólogo de 49 años, que fue recientemente detenido por personal de la PDI en su casa de La Reina, en la Región Metropolitana.
El profesional es acusado de matar a su cuñado Eduardo Cruz-Coke y a sus dos sobrinos de 17 años por una motivación económica a raíz de una herencia familiar.
Sin embargo, tras ser aprehendido por la policía, Ugalde rechazó todos los cargos.
Jura inocencia
En la formalización del sujeto que quedó en prisión preventiva, se expusieron una serie de pruebas (principalmente audiovisuales) que terminarían por condenar al cuñado del reconocido fotógrafo fallecido.
En cuanto al móvil, la abogada querellante de la familia, Libertad Triviño, expuso que detrás del crimen estaría la motivación patrimonial.
Según explicó la profesional, en 2014, Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde (su esposo) constituyeron una sociedad con los padres de Cruz-Coke. A esa sociedad el patriarca familiar traspasó sus bienes inmuebles, con lo que quedó con más del 80% de participación. Luego de la muerte de la madre, Herta Japke, en 2022, se habrían desencadenado las disputas familiares por el patrimonio, que está avaluado en más de mil millones de pesos.
Sin embargo, para el abogado defensor, Marcelo Castillo, la motivación económica no exista: “Eso es totalmente ridículo, él tiene el 2% en la sociedad, la cual si hubiera fallecido la otra persona lo deja en 0%”.
Ese 2%, dijo, equivaldría a 20 millones de pesos. “Nadie, excepto un cogotero, mata a otra persona por ese monto”, dijo el defensor, según consignó La Tercera.
“Estamos confiados en el relato que hace nuestro cliente sobre su inocencia. Vamos a pedir las diligencias preliminares para cooperar con la investigación”, agregó Castillo.
Pese a su versión, la justicia determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que deberá permanecer tras las rejas durante los 180 días que se prolongará la investigación.
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