El gobierno optó por introducir cambios a una de las disposiciones más cuestionadas del proyecto de Ley de Presupuesto, en momentos en que el debate legislativo vuelve a tomar fuerza.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que la norma que permite a funcionarios a contrata reclamar ante la Contraloría por despidos injustificados será reformulada.

El artículo había sido incorporado dentro de un proyecto misceláneo del erario fiscal y generó resistencia transversal en la oposición, que lo acusó de buscar “amarrar” a funcionarios al cierre del actual gobierno.

En su diseño inicial, la disposición permitía que trabajadores con dos años de antigüedad pudieran recurrir a la Contraloría frente a una desvinculación que consideraran arbitraria.

Ese umbral, sin embargo, será elevado a cinco años, lo que restringe significativamente el número de funcionarios habilitados para ejercer ese derecho.

“Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”, explicó el ministro.

Grau recalcó que el ajuste excluye incluso a personas que ingresaron al Estado mediante concursos públicos durante la actual administración.

En entrevista con Radio Duna, el titular de Hacienda apuntó además a una distorsión del debate público en torno al proyecto.

Según dijo, se intentó instalar la idea de que la norma buscaba proteger a funcionarios cercanos al gobierno, lo que calificó derechamente como una “fake news”.

“Que el proyecto de ley era para algo así como proteger a la gente que era de nuestro equipo de confianza, donde es todo lo contrario”, afirmó.

En esa línea, subrayó que la iniciativa establece explícitamente que quienes ocupan cargos políticos deben abandonar sus funciones el 11 de marzo, fijando un criterio legal que antes no existía.