En una sesión marcada por la confusión en la Comisión Mixta de Presupuesto, la oposición logró rechazar los fondos destinados a los gastos de oficina, personal y traslados de los expresidentes de la República.

Dichas asignaciones históricamente son cubiertas por el Senado desde comienzos de siglo.

La votación, ocurrida la noche del martes, tomó por sorpresa al oficialismo, que recién al día siguiente comprendió el alcance de la decisión.

Según explica La Tercera, el rechazo deja en entredicho los beneficios que recibiría el actual presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026, cuando concluya su mandato.

Aunque el revés es preliminar, el gobierno deberá presentar una indicación en la Cámara de Diputados para revertirlo, una tarea compleja debido a las posturas críticas de algunos parlamentarios oficialistas. La votación está prevista para después de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La ofensiva opositora, encabezada por la senadora Ximena Rincón (Demócratas) en la presidencia de la comisión, apuntó directamente a las asignaciones de los exmandatarios que son de alrededor de $10,3 millones.

El candidato republicano José Antonio Kast aprovechó la instancia para emplazar a Boric a renunciar a estos beneficios, intensificando el debate sobre el gasto público asociado a los exjefes de Estado.

El rechazo aprobado afecta no solo al actual mandatario, sino también a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aunque solo en materia de asignaciones, ya que las dietas personales -de $7,3 millones brutos - están garantizadas por la Ley 19.672, que establece el estatuto de los expresidentes.

La estrategia opositora se articuló en torno a tres indicaciones que separaban legalmente las dietas de las asignaciones, argumentando que el Ejecutivo había intentado blindarlas al incluir ambas como gasto permanente.

Pese a que la mesa del Senado las declaró inadmisibles, la secretaría de la comisión sometió el reclamo a votación, resultando un empate 11-11, que permitió avanzar en la tramitación y abrir paso al voto definitivo que terminó rechazando los fondos por 11 votos contra 10.

El resultado descolocó al oficialismo, cuyos integrantes creyeron que la definición se daría al día siguiente. La confusión derivó en la suspensión temporal de la sesión, mientras la oposición celebraba haber concretado una jugada parlamentaria precisa y planificada.