Tres décadas después de la implementación del sistema de concesiones, la esperada reducción en el precio de los peajes nunca llegó. Y esa situación tendría una clara explicación.

A grandes rasgos, tras el término de varios contratos originales, las tarifas se mantuvieron debido a la incorporación de nuevos mecanismos que permiten al Estado recaudar parte de los ingresos recaudados en los peajes.

Según las conclusiones de un reportaje de Radio BíoBío, que incluyó la revisión de miles de páginas de decretos, licitaciones y reportes financieros de autopistas interurbanas, las segundas concesiones aprobadas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric ya generarían ingresos por cerca de $2,67 billones para el Estado durante toda la vigencia de los contratos.

El principal mecanismo identificado es una “compartición de ingresos”. Bajo este sistema, una parte del dinero recaudado por los peajes pasa directamente al fisco.

La cláusula comenzó a utilizarse en la segunda concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 y posteriormente fue incorporada en otros contratos como la Ruta 68, la Ruta 78 y nuevos tramos de la Ruta 5.

Según la investigación, el porcentaje que recibe el Estado varía según la concesión. En algunos casos corresponde al 6,9% o al 13% de la recaudación, mientras que en tres plazas de peaje de la Ruta 68 el fisco recibe el 100% de los cobros efectuados a los usuarios. Con el flujo actual de vehículos, esa compartición representaría alrededor de $76 mil millones anuales.

Otros cobros que elevan los ingresos fiscales

El reportaje también identifica otros mecanismos que incrementan los recursos obtenidos por el Estado.

Uno de ellos corresponde al pago por infraestructura preexistente, que obliga a las empresas a pagar por seguir explotando infraestructura ya construida.. En la práctica, estos pagos terminan extendiendo la duración de los contratos, ya que forman parte de los costos asumidos por las empresas.

Otro concepto corresponde al pago por bienes o derechos, aplicado en la segunda concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5. Ese mecanismo equivale a un “derecho de llave” por explotar una infraestructura ya operativa y representa cerca de $455 mil millones adicionales para el Estado.

Al sumar la compartición de ingresos, los pagos por infraestructura preexistente y los bienes o derechos, la investigación calcula que el fisco obtendrá aproximadamente $2,67 billones provenientes de cinco contratos de segundas concesiones.

En esa línea, solo durante 2026, la recaudación proyectada alcanzaría cerca de $197 mil millones.

La decisión de mantener este sistema comenzó a tomar forma durante las discusiones entre el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el segundo de Sebastián Piñera.

Según fuentes citadas por la investigación, en ese momento existían dos caminos a seguir: reducir las tarifas una vez amortizadas las obras originales o mantener los peajes para financiar nuevos proyectos de infraestructura. Finalmente se optó por la segunda alternativa.

De ahí que la investigación concluye que, pese a que la Ley de Concesiones inicialmente no tenía como fin recaudar recursos, los peajes a la larga no bajaron porque el Estado optó por mantener las tarifas para financiar nuevas obras mediante las concesiones. Y aunque algunas empresas mantienen disputas por millonarios pagos, el sistema sigue generando importantes ingresos fiscales.