La Presidencia de la República acudió a la Corte Suprema buscando anular una orden del Consejo Para la Transparencia.

La solicitud obliga a entregar copias de los correos institucionales intercambiados entre los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez, en el marco del denominado caso Monsalve.

Según consta en Radio Biobio, el origen del conflicto está en una solicitud de acceso presentada por el diputado Tomás Lagomarsino a fines de 2024, quien pidió conocer los correos enviados y recibidos por ambos asesores entre el 14 y el 18 de octubre de ese año, cuando se buscaba reemplazo para el entonces subsecretario denunciado por violación.

Tras la negativa inicial del Ejecutivo, el parlamentario recurrió al Consejo Para la Transparencia, que falló a su favor. La Moneda apeló sin éxito ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyo fallo fue nuevamente adverso, y ahora el caso llegó al máximo tribunal.

El Consejo de Defensa del Estado, en representación de Presidencia, presentó un recurso de queja contra las ministras Marisol Rojas, Elsa Barrientos y la abogada integrante Magaly Correa, acusando “faltas o abusos graves” en la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2025.

Según el escrito, la Corte de Apelaciones habría ordenado “entregar correos electrónicos que no existen”.

Presidencia asegura que, tras revisar las casillas de Crispi y Durán, no se hallaron comunicaciones sobre el caso Monsalve en las fechas solicitadas.

El argumento de la inexistencia, sin embargo, fue desestimado previamente, pues no se alegó durante la etapa administrativa. El CDE sostiene que no podía hacerlo antes, ya que los funcionarios ejercieron su derecho a oponerse a la revisión de sus correos.

En su presentación, el organismo afirma que tanto Crispi como Durán están amparados por el artículo 20 de la Ley de Transparencia y el artículo 19 N°5 de la Constitución, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Mientras tanto, en el sistema judicial la sentencia de la Corte de Apelaciones figura como “firme y ejecutoriada”, lo que implicaría que los correos ya deberían haberse entregado. Sin embargo, el recurso ante la Suprema mantiene el proceso en suspenso.

El diputado Lagomarsino, solicitante de la información, acusa que el fallo no se ha cumplido y que la presentación del recurso “no constituye apelación y, por tanto, la resolución está firme”.

Desde Presidencia confirmaron que el Consejo de Defensa del Estado interpuso el recurso de queja el 15 de septiembre y que la tramitación “aún se encuentra en curso”. El Consejo Para La Transparencia, en tanto, optó por no pronunciarse hasta que la Corte Suprema resuelva.