Por Paulo QuinterosPS recurre a Contraloría por test de drogas en nuevas autoridades y exige claridad al Gobierno
Parlamentarios acusan falta de información sobre el cumplimiento de la obligación legal al asumir cargos y piden fiscalización para verificar si se realizaron los exámenes.

La senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana ingresaron un requerimiento ante la Contraloría para revisar si autoridades cumplieron con el test de drogas al asumir.
La acción apunta a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio, todos obligados por ley a realizarse este examen con resultados públicos.
Según los parlamentarios, la normativa exige que el test se realice mediante muestra de pelo y que sus resultados sean transparentados, algo que, según afirman, no ha sido acreditado.
El requerimiento busca que Contraloría determine si los exámenes se realizaron, en qué fechas y bajo qué condiciones de publicidad, conforme a lo establecido por la ley.
“Nosotros presentamos la indicación que establece que ministros, subsecretarios y autoridades regionales deben hacerse el examen de drogas al asumir, con resultado público. Ha pasado un mes y hasta ahora no existe ninguna información oficial que permita acreditar su cumplimiento”, dijo el diputado Manouchehri.
“Si los exámenes se hicieron, el Gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal. Por eso recurrimos a Contraloría, porque aquí la transparencia no es opcional”, remarcó.
La senadora Cicardini sostuvo por su parte que el Ejecutivo debe aclarar si ha cumplido con una norma que, dijo, apunta a elevar estándares de probidad en las autoridades.
“Si el Gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar con coherencia. La ley establece que, al momento de asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y que sus resultados deben ser públicos”, explicó la senadora.
“Aquí no hay espacio para interpretaciones cómodas ni para silencios administrativos. La ley es clara, establece una obligación al asumir y además exige publicidad de los resultados”, finalizó.
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