A más de cinco décadas de una de las operaciones represivas más cruentas de la dictadura militar, familiares de dos víctimas de la Caravana de la Muerte presentaron una querella criminal contra altas autoridades del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Los acusan de haber protegido a Augusto Pinochet mientras enfrentaba un proceso de extradición desde Londres entre 1999 y 2000.

De acuerdo a información de Radio Bíobio, la acción judicial fue presentada por la abogada Karinna Fernández y apunta a una supuesta intervención del Estado chileno para evitar que el exdictador fuera juzgado en el extranjero. La demanda apunta a la elaboración de un informe con el fin de simular un cuadro de deterioro mental en Pinochet, lo que finalmente permitió su regreso a Chile.

Uno de los antecedentes clave es el testimonio del exasesor Cristián Toloza, quien en abril reveló que el informe instruía a Pinochet a actuar como si padeciera pérdida de memoria e incluso pensamientos suicidas. Toloza también aseguró haber trasladado a Londres un documento reservado donde el propio Pinochet autorizaba la ejecución sumaria de prisioneros durante la Caravana de la Muerte, con el objetivo de demostrar que el país estaba en condiciones de juzgarlo.

Los querellantes sostienen que el gobierno de Frei impulsó una operación de encubrimiento a nivel político e institucional para frustrar la acción del juez español Baltasar Garzón, quien pedía la extradición de Pinochet por delitos de lesa humanidad. Además, acusan la supresión de documentos oficiales, lo que habría afectado directamente las causas judiciales abiertas en Chile.

Entre las diligencias solicitadas, se incluye la citación a declarar de varios exfuncionarios, como los excancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, el exembajador Pedro Cabrera y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.

De la Caravana de la Muerte al Gobierno de Frei

La querella fue presentada entre otros por los familiares de Adolfo Palleras Norambuena y Mario Silva Iriarte, ambos ejecutados en 1973 durante el recorrido de la comitiva militar comandada por el general Sergio Arellano Stark.

En Copiapó, Palleras fue asesinado tras ser acusado falsamente de intentar escapar. En Antofagasta, Silva, abogado y militante socialista, fue fusilado por orden directa de Arellano.

Ambos casos forman parte del itinerario sangriento de la Caravana de la Muerte, una misión encargada por Pinochet semanas después del golpe de Estado para eliminar a prisioneros políticos en distintas ciudades del país.

Rosita Silva, hija de Mario Silva, asegura que el gobierno de Frei es corresponsable del encubrimiento que permitió la impunidad de Pinochet. “Tiene las manos manchadas con sangre”, dijo. Pero a sus 65 años y en silla de ruedas, aseguró que: “No pierdo la esperanza de, antes de morirme, tener un rayito de luz, de justicia”, clamó frente a tribunales.