Una auditoría de la Contraloría General de la República constató deficiencias en la implementación del nuevo sistema para la emisión de documentos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Según informó la entidad fiscalizadora, una serie de problemas operativos de la plataforma derivó en retrasos prolongados y fallas de control interno, afectando la entrega de cédulas y pasaportes “y dejando en evidencia un colapso en el Registro Civil”.

Se verificó la emisión de cédulas de recién nacidos que registraban profesiones y de adultos que incorporaban profesiones que no eran efectivas. Incluso, se confirmó la entrega de un documento de recién nacido que aparece con dos profesiones.

Por si fuera poco, se evidenciaron retrasos masivos en la entrega de los documentos.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, se realizaron más de 1,2 millones de solicitudes y 168.411 documentos fueron entregados fuera de plazo, lo que evidencia que el 17% del total sufrió demoras que oscilaron entre nueve y 89 días hábiles.

Las deficiencias detectadas también incluyeron la acumulación de más de 218 mil solicitudes de documentos de identidad, algunas con hasta 133 días de retraso, señalaron.

Frente a las fallas en los procesos, los funcionarios del Registro Civil emitieron masivamente solicitudes de soporte, situación que, según lo que explicó Contraloría “generó un colapso de la plataforma, la que no pudo abarcar la totalidad de las llamadas ni el registro de los requerimientos durante las primeras semanas de explotación”.

Gastos adicionales

Otro problema ocurrió en los pagos electrónicos, puesto que el sistema no estaba integrado con Transbank, lo que volvió inoperativos los dispositivos Pinpad en cientos de oficinas, detalló la Contraloría.

Esto obligó al Registro Civil a contratar equipos de contingencia, generando gastos adicionales.

Dicha falta de gestión derivó en el pago por servicios no prestados, vinculados a la implementación de 1.270 estaciones de trabajo, pese a que 436 de ellas nunca fueron habilitadas. Lo anterior significó un desembolso de $2.478 millones.

Adicionalmente, la Contraloría identificó que la empresa a cargo del sistema incumplió el contrato, por lo que corresponde la aplicación de sanciones por $3.393.192.012. Por ello, se instruyó al Registro Civil a iniciar el proceso de cobro de multas asociado a cada uno de los incumplimientos detectados en un plazo de 60 días hábiles.

En caso de no acreditar el cobro de las multas, la Contraloría reparará dichas sumas para perseguir la recuperación de esos fondos.

Por todas estas situaciones, el organismo fiscalizador que encabeza Dorothy Pérez anunció la implementación de un sumario.