El Ministerio de Bienes Nacionales elevó en $92 millones su oferta por la casa de Salvador Allende tras el impulso del abogado de los herederos y, además, un cambio en la metodología de tasación.

Un reporte de Radio Biobío establece que la oferta inicial fue de 21.905 UF ($841 millones). Luego de las gestiones del abogado Felipe Vio Lyon, la cifra subió a 24.291 UF ($933 millones).

El ajuste se produjo tras críticas a la tasación original, iniciadas por una carta enviada en octubre de 2024, pues la primera oferta usaba oficinas como referencia y no consideraba, a juicio del abogado de la familia Allende, el valor arquitectónico.

Esto último porque el inmueble fue diseñado en 1948 por el estudio de Fernando Castillo Velasco, uno de los arquitectos más renombrados del siglo XX

En ese sentido, el abogado Vio Lyon argumentó que el avalúo estaba por debajo del mercado y presentó tres tasaciones privadas que promediaban 31.790 UF.

Por su parte, la ministra Sandoval respondió que originalmente se usó el método Ross-Heidecke, lo que influyó en una depreciación por la antigüedad de la casa.

Pero a la larga se terminó acogiendo en parte la solicitud del abogado y se adecúo el valor en base a dos residencias comparables, dejando de lado la tasación original de menor valor.

Dicho cambio en la metodología de depreciación terminó aplicando un criterio establecido por el Servicio de Impuestos Internos en diciembre de 2023, el cual establecía que: “el porcentaje máximo de depreciación para edificaciones en albañilería es de un 60% respecto del valor unitario de construcción”.

Las consecuencias del negocio fallido

Tres días después de la nueva oferta, Felipe Vio Lyon informó que los propietarios estaban de acuerdo y se terminó firmando la cuestionada compraventa el 30 de diciembre de 2024 por Isabel Allende y Maya Fernández, pese a estar inhabilitadas por ley.

La primera fue destituida de su rol como senadora, mientras que la segunda dejó su puesto como ministra de Defensa.

La transacción ahora es investigada por el Ministerio Público por posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.