Un balde de agua fría recibió la familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida en noviembre de 2024 en Mafil, luego de que la Fiscalía Regional de Los Ríos admitiera descoordinaciones y diligencias no realizadas.

Según consignó el medio Contrapoder, esto se reveló tras la primera reunión entre los fiscales del caso y la familia de Chuñil, que fue representada por la abogada Karina Riquelme.

La Fiscalía perdió la posibilidad de acceder a grabaciones clave de cámaras de seguridad pertenecientes a Forestal Arauco, dueña del predio colindante al lugar donde la mujer fue vista por última vez con vida.

Las imágenes no fueron resguardadas debido a que la Fiscalía tardó más de seis meses en solicitarlas, plazo tras el cual los registros fueron eliminados, según declaración entregada por la propia empresa.

Esta situación contrasta con lo solicitado por la familia. En la querella presentada el 8 de diciembre de 2024 por la ONG Escazú Ahora, se pidió ese mismo día a la Fiscalía “revisar el perímetro en miras de cámaras u otros dispositivos de registro audiovisual, ubicando el lugar de posición; individualizar el dispositivo y confiscar el contenido”. Sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo, impidiendo el acceso a una evidencia considerada clave.

Más detalles

También se reveló que los fiscales a cargo de la causa, Alejandro Ríos y Claudia Baeza, no han escuchado los audios donde el empresario Juan Carlos Morstadt instiga a la familia Chuñil a dejar el terreno en disputa con pagos irregulares y amenazas legales.

Las transcripciones de estos registros fueron entregadas en enero de 2025 por Escazú Ahora a través del sistema SIAU de Fiscalía e incorporadas a la carpeta investigativa. Pese a ello, los persecutores reconocieron no conocer su contenido.

También se confirmó que Morstadt fue citado a declarar, pero optó por guardar silencio, pese a ser señalado por la familia desde el principio como el principal sospechoso.

Otro antecedente que provocó aún más la molestia de la familia Chuñil fue la ausencia de la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien lidera parte relevante de la investigación, ya que tampoco envió representación a la reunión con la familia.

También generó preocupación que se mantenga la hipótesis que apunta a miembros de la familia, basada en restos de sangre que se hallaron en la vivienda de la activista medioambiental. Sin embargo, tras peritajes se descartó el origen humano, sin que la Fiscalía explicara por qué esa línea investigativa sigue vigente ni cómo se incorporaron los nuevos antecedentes.

Riquelme sostuvo que el conjunto de omisiones configura un patrón que “favorece la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad”. La familia Chuñil, en tanto, exigió medidas inmediatas para corregir las deficiencias, revisar todas las pruebas disponibles y avanzar con un estándar acorde a la gravedad del caso.