Fue el 9 de septiembre, el mismo día en que fue suspendida, y dos días antes de la conmemoración del Golpe de Estado, cuando la ministra Ángela Vivanco firmó dos fallos que autorizaron restituir los retratos de tres cabecillas de la dictadura militar.

Tal vez horas antes que se conociera su suspensión y el cuaderno de remoción en su contra, por sus chats con Luis Hermosilla, Vivanco firmaba dos sentencias de la Corte Suprema: ambas revocaban resoluciones que en 2023 habían ordenado a la Armada y Carabineros retirar los cuadros del almirante José Toribio Merino y los generales César Mendoza y Rodolfo Stange.

Los tres personajes formaron parte de la Junta Militar de Gobierno, tras el Golpe de Estado de 1973, y por lo tanto se les apunta como responsables de los crímenes del régimen, de la mano con Augusto Pinochet.

Se argumentó que estos cuadros no constituirían “un homenaje” en el sentido estricto de la palabra, y de esta manera, las imágenes podían volver a lucirse en las paredes de la Comandancia en Jefe de la Armada, de la Primera Zona Naval, en Valparaíso; y del Museo de Carabineros, en Santiago.

Llamó la atención que en los dos fallos estuvieran también las firmas de otros conocidos jueces: Mario Carroza, conocido por estar a cargo de buena parte de los casos de crímenes de la dictadura; y Sergio Muñoz, quien también se ha mostrado cercano a causas de DDHH.

Junto con ellos, firmó también el abogado integrante Ricardo Alcalde Rodríguez, pareja de la exconvencional republicana, Teresa Marinovic, apuntó el periodista Juan Cristóbal Peña, en una columna para Ciper.

Justo en la conmemoración del Golpe

La resolución cayó pésimo pues llegó justo dos días antes del 11 de septiembre. Así lo manifestó el abogado Luis Mariano Rendón, quien impulsó la idea de retirar los cuadros. “Lo que hace la Corte Suprema es normalizar la imagen de personajes responsables de políticas criminales”, expresó.

Para el periodista Juan Cristóbal Peña, autor de una serie de libros sobre la dictadura, “los máximos jefes de la dictadura chilena debieran tener un lugar reservado en la historia, pero en un sentido muy distinto al que le han dado sus instituciones, rindiéndoles culto, poniéndolo como ejemplo de las mayores virtudes”.

“Esos personajes debieran ser recordados como partícipes de crímenes de lesa humanidad y no en igualdad de condiciones de quienes respetaron la ley y mostraron decencia”, advirtió.