Finalmente, el Quinto Juzgado Civil de Santiago dio luz verde a medidas de cobro y embargo contra el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano en caso de incumplimiento de pago, por un total de $290 millones correspondientes a tres facturas.

De acuerdo a un reportaje de RBB, los documentos antes mencionados fueron emitidos por la empresa Gopa Soluciones y aceptados por el GORE, pese a no estar vinculados a servicios efectivamente prestados.

En tanto, desde la entidad regional señalaron que opondrán excepciones ante el tribunal con el objetivo de dejar sin efecto la deuda.

Según denunció el mismo el mismo Gobierno Regional el año pasado, la sociedad Gopa Soluciones SpA le emitió facturas por más de $6.500 millones, las cuales no estaban asociadas a ningún proyecto o servicio, entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Y a pesar de que el GORE no pagó esos documentos, sí los aceptó, cuestión que permitió que fueran factorizados ante dos compañías.

De hecho, una de esas empresas, Boreal Servicios Financieros S.A., interpuso dos demandas contra el organismo, en las que exigió el cobro de tres de las facturas por $290 millones.

Por lo mismo, y tras rechazar las impugnaciones presentadas por el GORE, ahora el Quinto Juzgado Civil de Santiago otorgó dos mandamientos de ejecución y embargo contra el Gobierno Regional.

Por su lado, en marzo del año pasado, el Gobierno Regional interpuso una querella contra la empresa Gopa Soluciones SpA, representada por Arnaldo Alarcón González, y el ex funcionario Carlos Basaletti Alvarado.

En concreto, el documento acusaba que Basaletti había aceptado mediante el sistema interno del GORE un total de 61 facturas que no estaban relacionadas a ningún servicio, por $6.547 millones. De esta forma, Gopa había podido factorizar dichos documentos ante dos compañías.

Además, según lo señalado, buena parte de las facturas habían sido cedidas a la financiera Xepelin, que ingresó una querella contra Gopa y la demandó en sede civil por $2.800 millones.

El detalle

Sin embargo, tres de las facturas indicadas por el GORE habían sido factorizadas ante Boreal. Se trataba de dos documentos con fecha de emisión del 28 de febrero de 2025, por $95.065.729 y $75.715.190, y de otra del 10 de marzo de 2025, por $119.619.161.

Eso sí, tras la acción judicial inicial del Gobierno Regional, el ex analista Carlos Basaletti no se quedó callado y salió a defenderse tras ser consultado sobre el tema por la Unidad de Investigación de Bío Bío.

Durante la charla, aseguró que sólo había visado documentos que habían sido previamente autorizados por su jefatura.

De todas formas, a día de hoy, mantiene una causa de tutela laboral contra el GORE, la que se encuentra reservada.

En abril del año 2025, Boreal presentó dos solicitudes de gestión preparatoria con el fin de facilitar el cobro forzoso de las deudas a través de un juicio ejecutivo: una correspondiente a las facturas de febrero de 2025 y otra a la de marzo del mismo año.

En ambas causas, sustanciadas ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago, el Gobierno Regional intentó impugnar la deuda. En concreto, el GORE basó su argumentación en la falsedad ideológica de los instrumentos.

Sin ir más lejos, expuso que los servicios, obras o bienes que se individualizaban en cada factura correspondían a “proyectos inexistentes o estados de pago no efectivos”.