El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para Yerko Mendoza, sujeto imputado por el femicidio de su expareja Patricia Ojeda.

Se trata de hecho ocurrido el 26 de junio y que conmociona a la capital de la Región de La Araucanía.

Además del asesinato, al sujeto de 27 años se le acusa de violación de morada, desacato y amenazas a Carabineros.

Conmoción en Temuco

Patricia (32) era madre de dos hijas, de 14 y 4 años, y se trabajaba en la Municipalidad de Temuco.

En concreto, era funcionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

“Recordaremos siempre su calidad humana, su compromiso, su vocación de servicio y el cariño con que compartió junto a nuestro equipo”, señalaron desde la repartición.

Además, indicaron que fue “una gran madre y mujer que fue dejando una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla”.

En tanto, un comunicado emitido por la municipalidad destacó que “hay personas que dejan una huella que trasciende el tiempo y el trabajo. Patricia fue una de ellas”.

“Con profundo pesar despedimos a una querida compañera, colega y amiga, cuya calidad humana, compromiso, vocación de servicio y permanente disposición para ayudar, marcaron la vida de quienes compartieron con ella”, complementaron.

“Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descansa en paz, Patricia”, concluyeron.

Antecedentes del imputado

De acuerdo a los antecedentes, el imputado habría incumplido medidas de protección vigentes de la víctima e ingresó por la fuerza a su domicilio. Ya al interior, procedió a quitarle la vida.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Jorge Mandiola entregó antecedentes que podrían ser clave para condenar al acusado.

De acuerdo con al persecutor, el 18 de mayo se había presentado una denuncia por violación contra el mismo imputado. En esa oportunidad, el Ministerio Público solicitó una orden de detención verbal al tribunal, pero esta no fue acogida.

En cambio, se decretaron medidas de protección en favor de la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento a ella y a su domicilio, además de la prohibición de comunicación, medidas que el imputado habría incumplido.

Con todo, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.