Entre 2018 y 2020, “Camilo”, un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue sometido a torturas dentro del Hospital Base de Osorno.

Fotos y videos registraron golpes, asfixia, quemaduras y hasta humillaciones que consternaron al país durante la última semana.

El caso generó denuncias y un sumario administrativo que concluyó sin sanciones.

Pese a la gravedad de los hechos, los responsables se mantuvieron en la institución bajo condición de “suspendidos”, recibiendo sus sueldos íntegros hasta julio de 2025.

La presión pública y la difusión de pruebas en medios impulsaron una nueva revisión del caso. Finalmente, según consta en Radio Biobío, el Ministerio de Salud confirmó la destitución definitiva de los funcionarios involucrados.

Los siguientes son sus nombres:

- Rodrigo Reyes Melo, exjefe de informática del hospital

- Jairo Báez Huaiquián

- Erardo Gallardo Alarcón

- Jhonatan Navarro Guerrero.

Todos fueron identificados en registros donde Camilo los acusa de agresiones físicas, sujeción forzada y asfixia.

Los documentos internos del hospital revelan que tres de ellos seguían percibiendo remuneraciones superiores a $1,800,000 brutos hasta julio.

Uno incluso superaba los $2,300,000 mensuales bajo funciones administrativas.

Además de los abusos registrados en video, Jairo Báez fue denunciado por quebrar un dedo de la víctima en 2020 durante la jornada laboral, causa que derivó en una investigación penal por lesiones.

El director subrogante del recinto, Julio Vargas, había declarado semanas atrás que existían sanciones en curso, sin precisar nombres. Hoy la cartera de Salud confirmó que la desvinculación es total e irrevocable.

De este modo, cierran un episodio de impunidad prolongada, mientras entregan una señal de respuesta tardía frente a uno de los casos más graves de maltrato laboral en la salud pública chilena.