Un grupo de 2.000 chilenos que trabajaron en Venezuela, la mayoría exiliados tras el golpe militar, y que volvieron a su país, reclamaron ayuda internacional para recibir la pensión que el régimen de Nicolás Maduro suspendió de forma "arbitraria" en diciembre de 2015.

En una carta, el colectivo de pensionados de Venezuela en Chile (Pensivech) pidió a Michelle Bachelete, ahora alta comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, que reclame al presidente venezolano "una respuesta definitiva al drama" que viven.

"Ahora estamos tratando de que Chile nos consiga una pensión mensual, hasta que resolvamos el problema con Venezuela", explicó en declaraciones a Efe el presidente del Pensivech, Alejandro Bustamante.

Convenio

Desde su promulgación en 2005, Chile y Venezuela disponen de un convenio bilateral de Seguridad Social que regula la situación de los ciudadanos de cada Estado que cotizan y obtienen el derecho a una pensión en el otro.

"Cuando los países firman un convenio, se hacen ambos responsables. Estamos recurriendo a los principios fundamentales que dicen que si un Gobierno no responde, el otro debe hacerlo. Además, nos acogemos a un decreto internacional, suscrito por Chile, que establece que no se puede dejar desamparada a la gente de la tercera edad", explicó Bustamante.

La mayoría de integrantes del Pensivech no reciben ninguna pensión por parte del país austral y, desde finales de 2015, tampoco por parte de Venezuela, según explicó su presidente.

"Algunos, los que tuvieron cotizaciones en Chile antes de irse, tienen pensiones muy bajas, que no superan el 40 % del sueldo mínimo, y eso no da para nada", puntualizó.

Incertidumbre

Los pensionados y jubilados solicitan al Estado chileno una "pensión transitoria y compensatoria, equivalente a un sueldo mínimo de Chile", hasta que se regularice la situación con Venezuela.

"El deterioro de nuestra calidad de vida es incuantificable y va desde la imposibilidad de adquirir medicamentos hasta haber sido embargados o haber sufrido un desalojo por incapacidad de pago (desahucio); la pérdida de nuestros enseres o la imposibilidad de pagar servicios básicos y alimentos", expresó el Pensivech en la misiva a Bachelet.

En el documento se agrega que "lo más grave es la incertidumbre, el no tener ninguna respuesta de las autoridades competentes", por lo que se solicitó a la alta comisionada de la ONU que intercediera para saber "cuándo se cancelará la deuda y cómo se actualizará el pago de las pensiones".